El Ministerio de Relaciones Exteriores puso fin a la incertidumbre sobre una posible solicitud de auxilio a la comunidad internacional ante el recrudecimiento de las lluvias. Según la Cancillería, la activación de un Llamamiento Internacional es una herramienta estrictamente técnica y no política, que solo se utiliza cuando los recursos humanos y financieros de la Nación resultan insuficientes. Tras una auditoría de capacidades realizada junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ejecutivo concluyó que el Estado aún dispone de las herramientas funcionales para mitigar los impactos de las inundaciones y los deslizamientos en los departamentos más afectados.

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Como alternativa a la ayuda externa, el presidente Gustavo Petro optó por la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica por 30 días. Este mecanismo constitucional le otorga facultades extraordinarias al Gobierno para expedir decretos que agilicen la ejecución de dineros públicos, saltándose trámites burocráticos ordinarios. El objetivo es que los recursos fluyan con la misma velocidad que la emergencia, garantizando que el apoyo alimentario, la maquinaria amarilla y los kits de vivienda lleguen a las comunidades antes de que el fenómeno climático alcance su punto máximo de afectación.

La Dirección de Cooperación Internacional se mantiene integrada en el Puesto de Mando Unificado (PMU), trabajando de la mano con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). Aunque por ahora no se pide dinero ni suministros al exterior, la coordinación con organismos internacionales se mantiene en una fase de "asesoría especializada". Esto significa que Colombia está recibiendo apoyo técnico para optimizar sus propios procesos de atención, manteniendo la puerta abierta a una transición hacia la asistencia humanitaria si los informes meteorológicos indican un desbordamiento inminente de la capacidad estatal.

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La decisión de no emitir el llamado internacional también refleja una postura de autosuficiencia institucional. Al gestionar la crisis bajo la figura de la Emergencia Económica, el Gobierno busca demostrar que las entidades como el Ejército, la Cruz Roja y la Defensa Civil cuentan con el aprestamiento necesario para cubrir el territorio nacional. No obstante, expertos en gestión del riesgo advierten que este modelo de respuesta interna pone a prueba la eficiencia de la UNGRD, entidad que deberá demostrar una transparencia impecable en el manejo de los recursos extraordinarios que comenzarán a girarse en los próximos días.