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Martha Alfonso critica suspensión del aumento del salario mínimo por el Consejo de Estado

Martha Alfonso critica suspensión del aumento del salario mínimo por el Consejo de Estado

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La Representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso Jurado, expresó su preocupación ante la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba el aumento del salario mínimo legal vigente para el año 2026 en un 23,7%. Según la congresista, esta medida frena de manera abrupta la política social y salarial del Gobierno Nacional, la cual buscaba dignificar las condiciones de vida de millones de empleados que, tras décadas de rezago, veían en este ajuste una respuesta coherente a sus necesidades básicas y gastos reales.

Alfonso explicó que el decreto surgió tras la falta de concertación en la mesa tripartita —conformada por empresarios, trabajadores y Gobierno— antes del 31 de diciembre de 2025. Ante este escenario, el Ejecutivo quedó facultado constitucionalmente para emitir el acto administrativo correspondiente, tomando como base indicadores clave como el crecimiento económico y la reactivación de sectores estratégicos como el comercio, la agricultura y el turismo, además de seguir recomendaciones internacionales de la OIT sobre el bajo nivel salarial en la región.

Para la legisladora de la coalición Pacto Histórico - Alianza Verde, la suspensión judicial no solo desconoce las competencias del Gobierno para determinar el incremento por decreto, sino que también introduce una inestabilidad institucional alarmante. Alfonso comparó esta situación con lo ocurrido con la Reforma Pensional, señalando que la rama judicial parece estar controvirtiendo sistemáticamente las decisiones tomadas por el legislativo y el ejecutivo, lo que debilita la seguridad jurídica del país.

Finalmente, "La Profe" manifestó su esperanza de que los elementos y pruebas que el Gobierno debe entregar en un plazo de ocho días permitan revertir esta suspensión. Para la Representante, es vital que se mantenga el aumento del 23,7% para garantizar mejores condiciones de bienestar a la clase trabajadora, advirtiendo que quienes están generando debilidad institucional son los órganos judiciales y no la administración de Gustavo Petro.

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