El insólito caso, que solo tiene ocurrencia en nuestros país, de multar a una persona porque compra una empanada en un puesto callejero de los millones que existen en Colombia, está íntimamente relacionado con un tolimense, el excongresista de la U, Carlos Edward Osorio.

En efecto, el dirigente político fue el ponente de la ley  que estableció el nuevo código de Policía, que en el artículo 140, numeral 6o. contempló la prohibición a las personas para: " Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente. Multa Tipo 4: Treinta y dos (32) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv)".

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Con base en esta norma, la policía que atendió el caso de Stiven Claros, el joven de 22 años, en el sector La Castellana, en Bogotá, le expidió un comparendo para pagar la empanada más cara de Colombia y quizá del mundo (883.324 pesos), que ha dejado literalmente a más de uno boquiabierto.

Las reacciones de los ciudadanos, especialmente en la redes sociales no se hicieron esperar, y desde que se conoció el suceso hasta el momento de escribir esta nota, ha marcado tendencias, donde la política no ha estado ausente.

Ahora resulta que los adversarios de Carlos Edward Osorio, le recuerdan que él fue el ponente y uno de los principales defensores de esta ley, que en este caso particular, establece severos controles contra los compradores y vendedores ambulantes y el comercio informal.   

Este hecho trae como consecuencia que el más conocido aperitivo de la gastronomía nacional se pueda convertir en el más costo del universo, además en el más clandestino, si la policía continua esgrimiendo la misma norma y argumentos para sancionar a los compradores. Y que a la vez, se puede extender a otros productos que las personas compren en las calles de Ibagué, el Tolima y el territorio nacional.

De allí, la trascendencia que ha tomado y la forma como los contrincantes políticos del ponente de la Ley (Código de Policía), le quieren pasar la cuenta de cobro en sus aspiraciones a la gobernación del Tolima. Lo señalan como el directo responsable de esta macondiana situación y, de paso, le trasladan toda la responsabilidad en la persecución a los vendedores informales.

Ante esta situación, el excongresista tolimense, en declaraciones a la prensa ha manifestado que: "Esta es una mala interpretación de los artículos 92 y 140 del Código de Policía, pues es directamente el Estado colombiano el que debe asegurar a través de las autoridades o entidades competentes, que no se promueva la ocupación indebida del espacio público y no un ciudadano que de buena fe compre el producto”.

“Esta persona no propició, promovió o facilitó la ocupación del espacio público, sino que, por el contrario, el que propicia, promueve y facilita es el mismo Estado al ser permisivo y dejar que se sigan comercializando los productos en el espacio público. En ese orden de ideas, existe una mala interpretación de la autoridad policiva en el manejo de la situación”, señaló Osorio.

De todas maneras, sea cual sea la interpretación que le den a la norma, lo cierto es que el hecho ha trascendido fronteras, la noticia se regó como pólvora, y tanto la justicia como las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes colombianas quedaron en ridículo. Aquí le aplican sanciones y cárcel al que compra una empanada o se roba un pan, mientras los grandes y verdaderos delincuentes como los de Odebrecht, Reficar, Hidroituango, magistrados y hasta el propio Fiscal General NHM, comprometidos en graves hechos de corrupción continúan libres y gozando de impunidad, para solo citar estos casos.

No sabemos si las empanadas le puedan amargar o le infrinjan daños en la actividad política del dirigente de la U del Tolima, lo real es que sus enemigos y adversarios si les están sacando jugo a su obra maestra en el congreso, el voluminoso, represivo e inoperante código de Policía.