Ver: Se avecinan despidos en la Universidad del Tolima

En la misiva, rechazan que profesores de planta ocupen direcciones de programa y secretarías académicas de cada facultad, debido a que esto aumentaría el déficit de docentes y porque al asumir estos cargos administrativos, los educadores estarían sacrificando prioridades, dejando de un lado la docencia y ejerciendo funciones diferentes a las que fueron contratados.

La disidencia nació después de conocerse que la rectoría está invitando a varios docentes para que asuman estos puestos bajo un incentivo económico de un millón 500 mil pesos.

Aunque la propuesta ha sido rechazada por la mayoría, un bajo porcentaje ya ha aceptado los cargos que son catalogados como un encarte, más aún cuando son ocupados por funcionarios que no cuentan con suficiente experiencia para sortear los trabajos que lleva una designación del tal magnitud.

De otra parte, la carta señala que esta serie de medidas, además de acarrear desvinculaciones laborales, incertidumbre y afectar sensiblemente el clima laboral de la institución, generará un impacto directo en las aspiraciones de acreditación de programas, renovación de registros y acreditación institucional, pues las personas que están a cargo de estos procesos serán despedidas.

Así mismo, le solicitaron al rector sentarse a dialogar la ejecución de estas acciones y analizar opciones de manejo que se han planteado desde diferentes estamentos. Igualmente, mencionan que la crisis padecida por la universidad no puede ser solucionada a costa de las unidades académicas ni de las limitaciones y sobrecargas a los profesores.  (Ver carta abierta) 

Finalmente, los decanos instaron a las directivas del alma mater a convocar en el primer trimestre de este año a elecciones de rector y decanos de las facultades de Ingeniería Agronómica y Ciencias Humanas y Artes, en el marco del reglamento, la democracia y el respeto a la autonomía.

Llama la atención que la única que no firmó la carta fue la decana de Ciencias Humanas, Beatriz Jaime, de quien se dice es muy cercana al rector y pertenece al sindicato ASPU, que últimamente ha apoyado a Mejía.

Otro de los temas que preocupan a varios decanos, es que por los afanes en la toma de decisiones para complacer al ‘barretismo’ y sus aliados del Consejo Superior, no se estén sopesando las determinaciones con el debido análisis  jurídico, sino por caprichos políticos, y  de mermar las voces opositoras que advierten sobre los errores que se cometen frente al actual manejo administrativo y académico del alma mater.

Así como se esté aprovechando las recomendaciones y avances del estudio de la Universidad del Valle  para perseguir a quienes no gozan de los afectos del rector y su anillo cercano,  sin medir las nefastas consecuencias futuras en materia financiera que podrían surgir de pleitos jurídicos contra la institución. Tal como ha sucedido ya en otras entidades públicas como el Hospital Universitario del Valle, cuyo estudio al parecer lo realizó el mismo grupo que hoy recomienda la amarga receta para que la UT salga de la crisis.