El reloj de la historia a veces parece avanzar a paso de tortuga, pero cuando lo hace, lo hace con estruendo. A la sombra de un régimen que secuestró la esperanza de 30 millones de venezolanos por más de una década, el mundo presencia lo que parecía imposible: la caída quirúrgica de Nicolás Maduro bajo custodia de las agencias de justicia de Estados Unidos, luego de años de impunidad. Esta no es una escena de ficción, ni un relato editorial idealizado; es la evidencia de que la justicia tarda, pero llega. Y cuando lo hace, cambia el destino de los pueblos.

Maduro, el hombre que convirtió a Venezuela en un narcoestado, enfrentaba un indictment en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, cargos que retratan con precisión la profunda podredumbre de su gobierno. La justicia estadounidense ofreció hasta 50 millones de dólares por información determinante para su captura, una cifra que no solo simboliza la gravedad de sus crímenes, sino también la determinación del mundo libre para perseguir al crimen transnacional sin cuartel.

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Con la caída del tirano también se resquebraja el temido “Cartel de los Soles”, esa estructura criminal incrustada en el Estado venezolano que convirtió al país en un corredor privilegiado del narcotráfico hacia Estados Unidos y Europa. Durante años, bajo el amparo de Miraflores, grupos narcoterroristas colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC encontraron refugio, armas y logística. Hoy, ese santuario se desvanece. Y surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué harán ahora esos grupos sin la protección de Maduro? Si permanecen en territorio venezolano, el mensaje es claro: Estados Unidos los perseguirá hasta neutralizarlos. La otra opción parece evidente: correr a Colombia a buscar un acuerdo exprés de “paz” con el gobierno Petro, para obtener indultos, cargos de “gestores de paz” y continuar delinquiendo, esta vez bajo un ropaje de legalidad. El riesgo es enorme: cambiar el fusil por un carné oficial, sin abandonar el negocio criminal.

Pero este momento de justicia no puede quedarse en un hito simbólico. Tras la caída del tirano, Venezuela enfrenta el retorno a la democracia como una obligación moral y política. Deben liberarse a todos los presos políticos, convocarse elecciones libres, transparentes y verificables, sin la sombra intimidante del chavismo armado. Figuras de la resistencia moral, como María Corina Machado, quienes durante años mantuvieron viva la llama de la libertad, deben ser reconocidas como artífices de este renacer democrático. Es hora de reconstruir desde las cenizas del fracaso del llamado “socialismo del siglo XXI” —una ideología que dejó miseria, exilio y dolor.

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Pero mientras Venezuela celebra su emancipación, en Colombia un espejo incómodo se refleja: el gobierno de Gustavo Petro, principal defensor y normalizador de Maduro en la región. Fueron años de restablecer relaciones diplomáticas sin exigir respeto por la democracia, de “guardar silencio” ante robos electorales, e incluso intentar acuerdos energéticos con un régimen que hundió en la miseria a su propio pueblo. La captura de Maduro es un mensaje rotundo para quienes hoy negocian con narcotraficantes o violan las constituciones de sus países: la justicia internacional no conoce fronteras ni alianzas ideológicas.

Es probable que, desde la Casa de Nariño, la reacción oficial se quede en un tibio “rechazo a la intervención”. Mientras el mundo celebra la libertad y un pueblo germina esperanza, algunos líderes prefieren llorar por su socio ideológico caído. Pero la historia ya habló: la libertad venció a la tiranía, y ningún dictador está por encima de la justicia. Colombia no puede permanecer al margen de esta realidad: debe elegir entre la defensa de la democracia o la complicidad con sus enemigos. El futuro de nuestra región depende de ello.