La representante a la Cámara por el Tolima, Martha Alfonso, ha elevado a instancias de la Corte Constitucional la crisis social y ambiental que atraviesa el sector de Hacienda La Miel en Ibagué. El proceso surge tras un seguimiento riguroso a los presuntos incumplimientos ambientales del Relleno Sanitario Regional La Miel, operado por Interaseo S.A.S. E.S.P. Pese a las alertas técnicas presentadas sobre la deficiente gestión de residuos y aguas residuales de alta carga, la autoridad ambiental aprobó la modificación de la licencia, decisión que ha intensificado la preocupación por la salud pública y la biodiversidad en la zona.

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La problemática se agrava en la Institución Educativa Técnica Nueva Esperanza, donde padres de familia, con el apoyo de la congresista, radicaron una acción de tutela para exigir derechos fundamentales básicos. Los estudiantes enfrentan condiciones de insalubridad críticas: carecen de agua potable y alcantarillado, mientras conviven con olores ofensivos y una proliferación de vectores que incluyen moscas, mosquitos y caracol africano. Estas deficiencias han derivado en afecciones cutáneas para los menores y un riesgo latente por el deterioro de la infraestructura física del plantel.

La acción constitucional vincula directamente a la Alcaldía de Ibagué, las secretarías de Educación y Ambiente, el IBAL y el Ministerio de Educación. El acervo probatorio aportado demuestra que, mientras predios vecinos gozan de servicios básicos, la escuela permanece desconectada de la red oficial. Como medida provisional, se ha solicitado el suministro inmediato de agua potable mediante carrotanques para mitigar la emergencia educativa y sanitaria que impide el desarrollo normal de las clases en condiciones dignas.

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Actualmente, el caso se encuentra en revisión por la Corte Constitucional, etapa que podría generar un fallo estructural y un precedente nacional para las instituciones rurales en abandono. La gestión de Alfonso busca no solo el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes en La Miel, sino también asegurar que los operadores de servicios públicos y las autoridades locales cumplan estrictamente con la normativa ambiental para proteger la vida de las comunidades aledañas al relleno.