Por Andrés Zambrano 
*Concejal de Ibagué 

Hay que decirlo, el regimen de Nicolás Maduro ha reprimido a la población, ha provocado el éxodo más grande de la historia reciente de América Latina, con uno de los indicadores de pobreza más altos en el mundo, más del 86% de su poblacion viviendo en esta condicion y más de la mitad de los hogares viviedo en pobreza multidimencional.

Además, ha sido señalado por organismos internacionales por posibles crímenes de lesa humanidad. Existen informes de la ONU, denuncias ante la Corte Penal Internacional y abundante documentación que así lo acredita.

Estos hechos no se tratan de una mera opinion, sino de registro histórico.

Sin embargo, reconocer esa realidad no implica legitimar cualquier acción en contra de la soberanía de Venezuela.

La operación militar ordenada por el gobierno de Donald Trump, presentada públicamente como una demostración de fuerza y narrada como si se tratara de un videojuego, no constituye un acto de justicia internacional, todo lo contrario, se trata de una intervención armada en territorio soberano, ejecutada al margen de los mecanismos multilaterales y convertida en un show mediático.

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 Cuando la guerra se trivializa y se comunica como entretenimiento, se desdibuja por completo el marco ético y jurídico que debería regir las relaciones entre Estados.

Rechazar a Maduro y rechazar la intervención militar estadounidense no es una postura contradictoria. El derecho internacional existe precisamente para proteger a los pueblos de dos amenazas distintas pero igualmente graves: la tiranía interna y la invasion externa, en este caso, ambas han sido vulneradas.

Las declaraciones posteriores del propio Trump profundizan la preocupación. Anunciar que empresas estadounidenses administrarán el petróleo venezolano, que la ocupación no implicará costos para el Estado norteamericano porque será financiada por las petroleras y que Venezuela será “administrada o controlada” por EEUU, no deja margen para interpretaciones ingenuas. Eso no es una política de liberación, se trata es una lógica de ocupación invasiva y control de los recursos naturales. 

La experiencia histórica debería servir como advertencia. Irak, Libia y Afganistán son ejemplos recientes de cómo las intervenciones militares de estados unidos, justificadas en nombre de la democracia o la libertad, terminan debilitando instituciones, prolongando conflictos y agravando el sufrimiento de las poblaciones civiles. ¿Por qué pensar que Venezuela sería la excepción?

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La libertad no se impone con bombardeos ni se exporta en aviones militares. Se construye desde dentro, con participación ciudadana real, libre y espontanea, instituciones legítimas y decisiones soberanas. Todo lo demás es retórica que utiliza la palabra “libertad” para encubrir intereses económicos y geopolíticos, en este caso, el control sobre el petróleo venezolano.

Entiendo el sentir de quienes hoy celebran la caída de Maduro, pero también es necesario advertir que la salida forzada de un líder autoritario no resuelve por sí sola los problemas estructurales de una sociedad profundamente fragmentada.

 Maduro es un síntoma. Si no hay acuerdos básicos, ni unidad social y tampoco escenarios ligitimos para la ciudadanía, esto podría abrir ventanas de mayor inestabilidad, conflicto interno y un control indefindo por parte de EEUU sobre venezuela.

La pregunta de fondo no es quién ganó esta operación militar, sino qué consecuencias tendrá para Venezuela y para la región. Ninguno de los escenarios inmediatos ofrece certezas alentadoras. La historia demuestra que las intervenciones externas rara vez traen estabilidad y que, por el contrario, suelen profundizar la fragmentación política y el sufrimiento social.

Venezuela necesita una salida democrática, construida por su propio pueblo y respaldada por el derecho internacional, no impuesta por la fuerza ni condicionada a intereses externos.

 Venezuela no merece un regimen como el de Maduro, pero tampoco la invasión colonizadora Norteamericana ¡FUERA EEUU DE VENEZUELA!