La investigación por el asesinato del periodista Cristian Herrera, perpetrado el pasado 6 de junio en Cúcuta, dio un giro radical tras la captura de tres presuntos implicados. Las autoridades manejan una fuerte hipótesis que apunta a que la orden del crimen fue coordinada desde un centro carcelario por un temido cabecilla criminal. Según los informes de inteligencia, detrás del homicidio del comunicador estaría la estructura delincuencial conocida como ‘Familia P’, una organización dedicada principalmente al microtráfico y la extorsión en la capital de Norte de Santander.

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Esta línea investigativa tomó fuerza tras la detención de alias 'Demonio', señalado por la Policía y la Fiscalía como el presunto autor material del asesinato. Las pesquisas vinculan a este sujeto con Ever Carreño Corredor, alias 'Porras', máximo líder de la mencionada banda criminal. A pesar de estar privado de la libertad desde 2016, los organismos de inteligencia consideran que alias 'Porras' sigue ejerciendo una fuerte influencia en la región, impartiendo órdenes delictivas desde prisión que habrían desencadenado el ataque contra Herrera, quien dedicó más de dos décadas a denunciar temas de corrupción y narcotráfico.

En un operativo conjunto, las autoridades también capturaron a alias 'Wilmer' y alias 'Angélica', quienes habrían cumplido roles clave en la logística del atentado. Se presume que la mujer actuó como "campanera" para vigilar los movimientos del periodista, mientras que el hombre habría facilitado el arma de fuego utilizada. Durante las diligencias judiciales se incautaron además cuatro vehículos empleados en la planeación y ejecución del crimen, material probatorio que ya se encuentra en manos de la Fiscalía para las audiencias correspondientes.

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Este gran avance institucional fue respaldado por el presidente Gustavo Petro, quien a través de su cuenta en la red social X confirmó que los detenidos pretendían huir del país para evadir la justicia. Con la judicialización de los sospechosos se empieza a esclarecer un panorama sombrío, donde el principal desafío de las autoridades será demostrar los nexos carcelarios para garantizar que este atentado contra la libertad de prensa en el país no quede en la impunidad.