Una juez penal de conocimiento de Bogotá emitió fallo condenatorio en contra del empresario Ottomar Lascarro Torres, luego de validar el sólido material probatorio presentado por la Fiscalía General de la Nación. Tras el análisis del caso, el procesado fue hallado penalmente responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito, fraude procesal y falsedad en documento privado. Esta decisión judicial marca un clave precedente en el proceso de rendición de cuentas dentro del polémico entramado de corrupción de "Centros Poblados", uno de los desfalcos más grandes de la contratación estatal reciente.

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El origen de este escándalo se remonta a diciembre de 2020, cuando la entonces ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Karen Abudinen, bajo el gobierno de Iván Duque, adjudicó el proyecto de conectividad rural más grande en la historia de Colombia. Este megaproyecto de contratación que estaba dividido en dos grandes regiones, contaba con un presupuesto global superior al billón de pesos. La licitación correspondiente a la Región B fue asignada a la Unión Temporal Centros Poblados, una coalición empresarial que prometía llevar internet de alta velocidad a más de 7.000 escuelas en las áreas más vulnerables y apartadas del país.

Sin embargo, la crisis estalló a mediados de 2021, cuando rigurosas investigaciones periodísticas y auditorías internas dejaron al descubierto que el consorcio, operado en la sombra por el cuestionado contratista Emilio Tapia, había presentado cuatro garantías bancarias falsas del Banco Itaú. La falsificación de este respaldo financiero les permitió acceder de forma completamente fraudulenta a un millonario anticipo de 70.243 millones de pesos. A pesar de que la ex ministra insistió en que denunció formalmente el entramado tan pronto conoció el fraude y decretó de inmediato la caducidad del contrato, la presión política y social la obligó a dejar su cargo.

La investigación penal por parte de la Fiscalía demostró que que Ottomar Lascarro Torres facilitó deliberadamente el nombre, la experiencia técnica y la información financiera de dos de sus propias empresas con el fin de constituir de manera irregular la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020. Con esta maniobra, el consorcio acreditó falsamente una trayectoria y capacidad jurídica suficientes para el concurso público. Esta acción indujo a un error gravísimo a los funcionarios del MinTic encargados de evaluar la idoneidad de los proponentes, logrando así que se les asignara el multimillonario contrato de conectividad número 1043 de 2020.

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Por prestar sus compañías y gestionar estas maniobras ilícitas, el empresario pretendía recibir una millonaria retribución económica pactada en cerca de 4.000 millones de pesos. Finalmente, las autoridades financieras y judiciales evidenciaron que Lascarro Torres alcanzó a percibir de forma efectiva la suma de 250.000 dólares como parte de sus ganancias criminales, dinero que fue transferido de manera directa a una cuenta bancaria de su propiedad en los Estados Unidos. Con este fallo, la justicia da un paso definitivo para sancionar a los cómplices corporativos que hicieron posible el histórico fraude a los estudiantes de las zonas rurales de Colombia.

*Con información suministrada por la oficina de prensa de la Fiscalía General de la Nación.