La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) hizo público un pronunciamiento oficial a raíz de las informaciones que vinculan a una contratista de su planta de personal con la contratación de dos jornaleros capturados en la vereda Guacamayas, municipio de Dolores. La entidad reaccionó formalmente tras la difusión de los hechos en El Reporte Coronell, espacio donde se expuso que los campesinos ejecutaban labores de limpieza de terreno por encargo de Rubiela González Ortiz, vinculada contractualmente a la autoridad ambiental.

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Frente a la situación expuesta en el informe periodístico, Cortolima expidió la Resolución 938 del para dar apertura a un proceso sancionatorio e imponer medidas preventivas en el predio Platanales, propiedad de González Ortiz. Paralelamente, la corporación remitió el expediente a su Oficina de Control Interno Disciplinario de Instrucción e informó a la Fiscalía General de la Nación para que evalúen la responsabilidad de la contratista, aclarando que las conductas investigadas corresponden a actuaciones a título personal y no a la gestión institucional.

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El pronunciamiento institucional se da en el contexto de la captura en flagrancia de Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, efectuada por la Policía el pasado 25 de agosto. La Fiscalía imputó a ambos trabajadores los delitos de deforestación e incendio, obteniendo ante un juez de control de garantías la medida de aseguramiento en centro carcelario. Según la acusación formal del ente investigador, las quemas no autorizadas generaron la destrucción de cerca de seis hectáreas de cobertura vegetal y afectaciones a la fauna local.

Sin embargo, el informe presentado en El Reporte Coronell visibilizó los cuestionamientos de la defensa técnica de los procesados respecto a los elementos probatorios de la Fiscalía. El abogado Edwin Trujillo sostuvo en dicho espacio que la imputación carece de sustento en la magnitud de los daños, señalando que las declaraciones del comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores describen el evento como un conato de incendio que afectó un área aproximada de 40 metros cuadrados y no de seis hectáreas.

De acuerdo con la versión emitida por la defensa en el medio de comunicación, los dos campesinos ejecutaban la práctica tradicional de roza y quema en una parcela específica por solicitud directa de la propietaria del predio. Los trabajadores desconocían la falta de autorizaciones forestales para la intervención de la vegetación, argumentando que se trataba de un trabajo rutinario de acondicionamiento de suelo por el cual fueron requeridos y contratados por la funcionaria de la corporación.

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Por su parte, los registros del procedimiento judicial indican que la Policía había realizado un requerimiento previo a los dos hombres el 24 de julio por maniobras similares en la zona. Tras la captura del 25 de agosto y las audiencias concentradas realizadas los días 26 y 27 del mismo mes, los acusados no aceptaron los cargos formulados. Cortolima ratificó que aportará la documentación requerida por los organismos de control para determinar las responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales del caso.

*Esta noticia se realizó con información suministrada por la Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA)