La Contraloría General de la República declaró de impacto nacional una serie de hechos detectados en la Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora, relacionados principalmente con pagos efectuados a proveedores de servicios de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) por más de $4,4 billones.

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La decisión se produjo después de que Jenny Lindo Díaz, contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, solicitara al contralor general de la República, Jorge Eliécer Laverde, dar tratamiento de impacto nacional a las situaciones identificadas durante las labores de control adelantadas sobre la fiduciaria.

De acuerdo con la información entregada por el organismo de control, los pagos bajo revisión fueron realizados a proveedores de servicios de salud del FOMAG durante las últimas cinco semanas del gobierno anterior. La Contraloría señaló que, dentro de la documentación revisada, los soportes y evidencias correspondientes a operaciones que superan los $4,4 billones no pudieron ser identificados.

La situación adquiere especial relevancia debido a que Fiduprevisora actúa como administradora y vocera de los recursos del FOMAG, fondo encargado, entre otras funciones, del manejo de los recursos destinados a las prestaciones sociales y al modelo de atención en salud de los docentes oficiales y sus beneficiarios, hoy bajo la lupa, porque se suma a estos indicios, las quejas de los maestros en la prestación de los servicios de salud en el país,

Otros pagos quedaron bajo la lupa

La revisión de la Contraloría no se limita a los recursos destinados a la salud del magisterio. Jenny Lindo Díaz informó también sobre diferencias presupuestales relacionadas con las liquidaciones de contratos de administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).

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Un tercer asunto corresponde a transferencias superiores a $17.000 millones realizadas por Fiduprevisora a empresas de acueducto y energía. Según la Contraloría, las compañías receptoras presentaban patrimonios negativos y las operaciones habían sido objetadas por el revisor fiscal de la propia fiduciaria; pese a esas observaciones, los giros se efectuaron.

Hasta el momento, la información pública divulgada por la Contraloría y recogida por diferentes medios no identifica los nombres de las empresas de acueducto y energía beneficiarias de estas transferencias, por lo que su individualización deberá conocerse a medida que avance la investigación.

Antecedentes por $176.975 millones

Las nuevas actuaciones se suman a revisiones anteriores de la Contraloría sobre recursos administrados por Fiduprevisora. Vale la pena recordar que en julio de 2026, el organismo reportó hallazgos fiscales por $176.975 millones relacionados con pagos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones efectuados sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

Dentro de esos antecedentes publicados en su momento por el ente de control, el componente de mayor cuantía correspondió a pagos por servicios médico-asistenciales represados y sus respectivos intereses, frente a los cuales la Contraloría estableció un presunto detrimento fiscal por $133.255 millones. También fueron señalados pagos por $27.982 millones correspondientes a la prima de mitad de año para docentes pensionados, que, según el organismo de control, se efectuaron sin cumplir los requisitos constitucionales y legales.

La entidad también había advertido sobre una reclasificación contable de obligaciones por sanciones por mora que ascendían a $598.364 millones, situación que habría generado una subestimación del pasivo y llevó a que la Contraloría mantuviera abierta la revisión de la cuenta del FOMAG correspondiente a 2025.

¿Qué significa que sea de impacto nacional?

La declaratoria permite que el caso sea asumido por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría, dependencia encargada de actuaciones que, por la cuantía de los recursos involucrados, su trascendencia o el posible impacto sobre el patrimonio público, requieren atención prioritaria.

Jenny Lindo Díaz explicó que la medida permitirá avanzar con mayor celeridad y profundidad y fortalecer la garantía y custodia de la información recopilada durante las actuaciones fiscales.

A partir de ahora corresponderá a la Unidad Anticorrupción profundizar en la documentación relacionada con los pagos del FOMAG, las diferencias presupuestales detectadas en operaciones vinculadas al FONPET y las transferencias efectuadas a las empresas de servicios públicos.

La declaratoria de impacto nacional no constituye por sí misma una determinación de responsabilidad fiscal. Será el proceso de investigación el encargado de establecer las circunstancias en las que se efectuaron los pagos, verificar sus soportes, identificar a los beneficiarios y determinar si existió afectación al patrimonio público y quiénes tendrían eventualmente responsabilidad fiscal.