El proceso judicial se centró en las irregularidades detectadas durante la etapa precontractual del contrato PS-04, suscrito el 20 de agosto de 2014 entre la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend y la sociedad Mediredes S.A.S. El contrato, por un valor inicial de $6.532 millones y un plazo de ejecución de diez meses, tenía como objeto el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz.

De acuerdo con la decisión judicial, el 5 de junio de 2014, durante una sesión de la junta directiva de la ESE Alejandro Próspero Reverend, Carlos Caicedo, en su condición de alcalde de Santa Marta y presidente de ese organismo, expidió el Acuerdo 0004, mediante el cual autorizó adelantar las gestiones para la celebración del contrato investigado.

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Durante el juicio se estableció que el proyecto avanzó sin la elaboración de los estudios previos exigidos y sin contar con las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras. Según quedó acreditado en el proceso, dichas autorizaciones fueron expedidas tres años después de la suscripción del contrato, lo que, para la jueza, evidenció que el proceso se inició sin cumplir los requisitos técnicos y legales indispensables.

Además, el contrato terminó con un valor de $11.066 millones, luego de que se adicionaran $4.534 millones mediante la suscripción de 11 otrosíes, con los que se pretendía corregir las fallas de planeación. Pese a que se desembolsó el 94 % de los recursos, las obras quedaron inconclusas e inactivas debido a severas deficiencias técnicas.

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Al dar a conocer el sentido del fallo, la jueza sostuvo que la autorización para adelantar el contrato se otorgó sin cumplir los requisitos legales vigentes, debido a que no se elaboraron los estudios previos exigidos por el manual de contratación de la entidad y el proyecto tampoco estaba incluido en el Plan Anual de Adquisiciones.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que no se concedan beneficios judiciales al exmandatario, al considerar que se trata de delitos graves contra la administración pública. Entretanto, la orden de captura, la reclusión en un establecimiento que defina el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la multa superior a $4.453 millones solo se harán efectivas cuando la sentencia quede en firme, una vez se resuelvan los recursos de segunda instancia y, de ser el caso, el de casación ante la Corte Suprema de Justicia.