El duro golpe a los juegos de azar ilegales se realizó dentro de las estrategias elaboradas y puestas en marcha por el actual presidente de Coljuegos, el tolimense Marco Emilio Hincapié. 

Esta acción estuvo acompañadas por instituciones como la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en Medellín; y, en el Eje Cafetero, por el Batallón de Infantería número 8 San Mateo del Ejército Nacional.
Coljuegos, en compañía de la Policía y el Ejército Nacional, incautó 176 elementos ilegales de juegos de suerte y azar que operaban en los departamentos de Antioquia, Risaralda y Quindío, y por los cuales el sistema de salud dejo de percibir alrededor de $35.695 millones anuales. 

“Solo en nuestra administración, superamos los 3.500 elementos de juego ilegal incautados en más de 15 departamentos del país. Esta es la primera vez que la entidad adelanta una lucha frontal contra las estructuras criminales que se financian de las apuestas ilegales”, sostuvo Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos. 

Así las cosas, en la ciudad de Medellín fueron incautadas 41 máquinas electrónicas tragamonedas, además de 31 módulos de apuestas por internet. Estos elementos, avaluados en cerca de $30 millones, dejaron de transferir anualmente alrededor de $18.000 millones para la salud. 
Por su parte, en el municipio de Pereira (Risaralda) fueron incautados 88 módulos de juegos novedosos, mientras que en Circasia (Quindío), se retiraron 16 máquinas tragamonedas. Cada año, estos elementos ilegales omitieron el pago de más de $17.695 millones que debían ser aportados al sistema de salud. 

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“Estos elementos entran en un proceso administrativo sancionatorio para proceder con la respectiva destrucción, tal como hemos hecho con otras 8.317 máquinas, módulos de apuestas en línea, mesas de bingo y de casino, entre otros. Estamos usando toda la fuerza del Estado para atacar estas estructuras que defraudan la salud”, expresó Hincapié.

Por su parte, el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló: “Reiteramos nuestro compromiso para aunar esfuerzos interinstitucionales que nos permitan luchar contra las estructuras criminales que se financian a través de las apuestas ilegales”.
Vale recordar que la operación de juegos de suerte y azar sin autorización es un delito contemplado en el artículo 312 del Código Penal. Además, los responsables podrían recibir sanciones económicas e inhabilidades para operar juegos en el país.