No han transcurrido 4 meses desde que Andrés Hurtado dejará de ser el alcalde de Ibagué, cuando ya la Procuraduría General de la Nación ha producido dos hechos sobre posibles irregularidades cometidas en dicha administración.

El primer hecho se dio el pasado 15 de abril cuando este ente de control informó que abría investigación en contra del exsecretario General de la Alcaldía, Camilo Adolfo Santos Rubio por presuntas irregularidades al celebrar de manera directa 21 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión por valor de $2.576 millones de pesos.

El segundo hecho, la Procuraduría lo dio a conocer este domingo 21 de abril cuando en un llamado urgente le pidió a la alcaldesa de Ibagué Johana Aranda y a la secretaría Infraestructura, Gina Paola Reinoso Merchán  “para que respondan con urgencia las inquietudes del Ministerio Público acerca de las presuntas inconsistencias que continúan evidenciándose en el contrato para adelantar las obras de la fase 1 del puente elevado sobre la carrera 5ª. e interconexiones”.

Reza el comunicado, que en reciente visita, el ente de control obtuvo los informes de interventoría de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023, en los cuales se señala que “(…) La interventoría ha solicitado a la entidad adelantar proceso sancionatorio por incumplimientos reiterados a las obligaciones por parte del contratista Consorcio Puente Carrera 5”.

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Posibles incumplimientos

Los posibles incumplimientos estarían relacionados con el avance en la ejecución de la obra y el manejo del anticipo desembolsado, sino también con las obligaciones que tiene la administración con el sistema de seguridad social integral, las normas de seguridad y salud en el trabajo y las prestaciones laborales, y las demoras reportadas en los pagos y en el suministro de la información y documentación requerida, entre otros temas.

En su misiva, el Ministerio Público refirió que con el propósito de precaver riesgos que puedan implicar la posible vulneración del ordenamiento jurídico y la afectación del patrimonio público, pidió a las autoridades municipales detallar las medidas implementadas para garantizar el cumplimiento del contrato y, si se ha surtido algún proceso para aplicar las cláusulas excepcionales y/o la imposición de multas o sanciones, así como la cláusula penal.

Información sobre el manejo de $2.950’442.020,75

Adicionalmente, las funcionarias deberán indicar cuántos requerimientos ha efectuado la entidad territorial al contratista, si se ha reclamado ante la compañía aseguradora por los riesgos de cumplimiento, y buen manejo y correcta inversión del anticipo desembolsado por $ 2.950’442.020,75, del total previsto por un valor aproximado de $ 12.000 millones, entre otros aspectos.

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Por último, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué enfatizó que esta hace parte de otras tantas advertencias y llamados que repetidamente ha hecho con respecto a este proceso contractual.