Por: Cristian Acosta Guzmán - Presidente Unión Patriótica Tolima

 Desde la Comisión Séptima, un grupo de nueve senadoras y senadores lograron archivar la reforma a la salud propuesta por el gobierno del Presidente Gustavo Petro. Norma Hurtado del Partido de La U, Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, Nadia Blel y José Marín del Partido Conservador, Honorio Henríquez y Alirio Barrera del Centro Democrático, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo del partido Mira en Coalición con Colombia Justa Libres y por último Berenice Bedoya de Alianza Social Independiente.

Con el interés de profundizar, es necesario manifestar que el Partido de la U recibió donaciones de la Organización Sanitas Internacional y del Grupo Bolívar por un total de 130 millones de pesos. Además, recibió 100 millones de pesos de Tecnoquímicas S.A. El Centro Democrático recibió donaciones de Keralty y del Grupo Bolívar, totalizando 803 millones de pesos en aportes. El partido Liberal recibió donaciones de Keralty y del Grupo Bolívar, alcanzando 328 millones de pesos en total, el 24,86% de todas las contribuciones. El partido Colombia Justa Libres recibió financiación del grupo Keralty, representando el 15% del total de sus donaciones. El partido Conservador recibió aportes del Grupo Bolívar y de Tecnoquímicas, sumando un total de 550 millones de pesos, el 8,32% de todas las donaciones. El Partido Alianza Social Independiente (ASÍ) también recibió dinero de Keralty y el Grupo Bolívar, totalizando 40 millones de pesos en donaciones, casi el 10% también del total.

La actuación de mencionados congresistas no es más que una triste exhibición de servilismo y deshonestidad. La falta de imparcialidad es evidente para quienes observan con atención. Los lazos financieros entre los partidos políticos, los congresistas de la Comisión Séptima que votaron el archivo de la reforma y las empresas dueñas de las EPS no pueden ser pasados por alto. Es una afrenta a la verdadera democracia, donde cada voto debería reflejar los intereses de la ciudadanía, no los de unos pocos poderosos ni de intereses corporativos particulares.

• Puede leer: La descabellada actitud de Martha Alfonso contra el ministro G.A. Jaramillo

La lucha por una salud digna y accesible en beneficio de la ciudadanía debe continuar, y la preparación para el próximo 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el real constituyente, el pueblo, se deberá hacer escuchar en las calles. Es una gran oportunidad para que las voces menos favorecidas se unan en un coro popular de resistencia contra el abuso de poder. Es tiempo de manifestarse contra la corrupción disfrazada de democracia y exigir un cambio real. Por el bienestar del pueblo, es imperante no permitir que los destinos de un país sean dictados por los intereses mezquinos de las élites corporativas. El deber como ciudadanía es el de mantenerse firme en la defensa de la justicia social, la paz y la igualdad.