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Aranda ordenó liquidar el contrato del puente de la calle 60
En más de un año de ejecución, el proyecto apenas alcanzó el 6 % de avance.
La administración de la alcaldesa Johana Aranda finalmente decidió liquidar el cuestionado contrato para la construcción del puente de la carrera Quinta con calle 60. Tras más de un año de polémica por este contrato, el proyecto al parecer fracasó rotundamente.
Luego de declararle el incumplimiento total al Consorcio Puente Carrera Quinta, e imponerle una multa de casi $4.000 millones, la alcaldesa decidió liquidar el contrato, pese a que, el contratista amenazó con demandar a la Alcaldía.
A través de una comunicación, la secretaria Administrativa y la jefe de Contratación, le solicitaron a la Dirección Técnica de la Secretaría de Infraestructura que prepare el acta de liquidación bilateral para el próximo lunes 17 de junio. Ese día será firmada el acta y notificado el contratista.
Sin embargo, los contratistas Olaguer Agudelo Prieto y Roberto Gutiérrez Daines se negarían a firmar el acta, toda vez que su intención es apelar la declaratoria de incumplimiento total y también la millonaria multa que les impusieron.
De otro lado, El Cronista.co conoció que el consorcio ya había pagado $2.418 millones a proveedores para el escaso 6 % de ejecución que alcanzó para el proyecto. El dinero fue entregado a empresas de familiares de Olaguer Agudelo Prieto y otros contratistas cuestionados del Tolima.
A las empresas Apia Constructores SAS y Silso LTDA, les entregaron $1.077 millones y $250 millones, respectivamente. Dichas empresas resultaron ser propiedad de Sergio Agudelo y Betsy Agudelo, hijo y esposa del contratista. Es decir, fue un 'yo con yo'.
Asimismo, alcanzó a ser beneficiada con $400 millones del anticipo la empresa Asfaltemos Tolima, relacionada por muchos años con el exalcalde de Ibagué, Jesús María 'Chuco' Botero.
El anticipo para el contratista en total ascendió a cerca de $3.000 millones, que la Alcaldía espera recuperar con la multa. Ahora bien, le asiste otra preocupación a la administración de Aranda, debido al detrimento patrimonial que causaron los intereses de este proyecto fallido.
Los $40.000 millones para este proyecto hacen parte del empréstito por $105.000 millones que en el año 2020 solicitó el entonces alcalde Andrés Hurtado. Por tanto, la Alcaldía debe pagar a la banca intereses por ese dinero.
El Cronista.co pudo establecer que los intereses pagos a la fecha ascienden a los $1.400 millones, lo que configura otro detrimento del proyecto, sumado al anticipo. Detrimento que deberá pagar la Alcaldía con recursos de los contribuyentes ibaguereños.
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