Advertencias como: "Se calla o lo callamos" o "deja de joder o le demos piso" (muerte), hombres armados amenazan a dirigentes sociales o ambientalistas del norte del Tolima. Estas, entre otras, fueron las denuncias que se escucharon este jueves en desarrollo de la audiencia pública por la protección de los recursos naturales, los derechos humanos y el desarrollo agrario, que se desarrolló este jueves 27 de enero, en el municipio del Líbano.

Estas intimidaciones son conocidas por la Fiscalía que investiga también el atentado del que fue víctima Daniel Mejía Lozano, vocero del Movimiento Ambiental Vive la Gente, en la vía Líbano-Convenio, el pasado 25 de noviembre de 2017. Como él, hay 10 personas más amenazadas por oponerse a los proyectos de gran minería que están contaminando y acabando con el agua de la zona donde funciona la mina El Porvenir, además de oponerse a la construcción de los hidroeléctrica de Río Recio y El Lagunillas.

Las personas presuntamente amenazadas, son de los municipios de Murillo, Falan, Villahermosa y el corregimiento El Convenio (Líbano), donde se registra la situación más crítica por estas en este sector la explotación minera. Los nombres no fueron revelados por seguridad de quienes se encuentran en riesgo, dijo Mejía Lozano.

Los campesinos señalan que las fuentes de agua están contaminadas con mercurio que utilizan para el procesamiento de la extracción del oro, que hace la multinacional Tiger American Gold y que la gente se está enfermando y ya comienzan a nacer criaturas con defectos, sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado medidas de fondo para controlar esta situación, preciso el vocero de los ambientalistas y agricultores.

Entre las conclusiones de esta audiencia se encuentra una reunión con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en Bogotá y la solicitud de convocatoria al Consejo de Seguridad Departamental para tratar esta delicada situación que se viene registrando en la zona norte del Tolima, especialmente en aquellos lugares donde se desarrollan proyectos mineros y de hidroeléctricas. Igualmente, se acordó examinar las muestras de agua de consumo humano en una entidad diferente a Cortolima.

A la audiencia pública concurrieron cerca de 100 personas, entre las que se encontraban: Leidy Johana Guilombo, directora Unidad Nacional de Protección de Víctimas; Rita Acosta Romero, delegada del ministerio del Interior;  el teniente de la Policía José Eduardo Villa Marín, coordinador Ambiental del Tolima; Germán Castellanos, alcalde del Líbano; el padre Dario, rector de la Unad y Gladys Gutiérrez, directora de la oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, que fue invitada a este evento.

Mejía Lozano, se mostró extrañado por la no presencia de Cortolima en este certamen y además dijo que le habían perdido la confianza a esta entidad, presuntamente, por estar a favor de los proyectos mineros y de las hidroeléctricas, que afectan el desarrollo agrícola de la zona, principal fuete de riqueza y desarrollo de la región y de lo que viven los campesinos. (Puede también leer: Estudiantes del Líbano rechazan actividad minera)