Por los delitos de estafa y falsedad material en documento público, ambos agravados, la Fiscalía imputó cargos contra la abogada Clara Isabel Ortiz Caicedo. 

La abogada de 44 años fue detenida hace pocos días por investigadores del CTI y personal de la Policía Nacional, en el barrio Villa Marlen de Ibagué, por su presunta participación en 31 falsedades y ocho estafas, de las cuales fueron víctimas 12 personas.

Según la investigación, la procesada, quien se encuentra suspendida para ejercer el derecho desde el año 2017, engañaba a sus víctimas bajo la modalidad de ofrecimiento de servicios para trámites judiciales. Les pedía dinero a cambio de procesos que nunca adelantaba y que para soportarlos presentaba documentos falsos.

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La mujer aseguraba tener influencias y amigos en juzgados, y que así, lograría darle celeridad a los procesos judiciales. Mediante la labor investigativa se conexaron 11 noticias criminales que involucraban a la misma mujer, quien en todas las denuncias ejercería la misma conducta delictiva bajo similar modus operandi.

El caso matriz, el cual fue el punto de partida para descubrir el entramado delictivo de la procesada, ocurrió en el año 2020 cuando se comprometió con la víctima a llevar un proceso de conciliación ante cámara de Comercio y de simulación ante la jurisdicción civil.

Para mantenerla en error durante ese tiempo y solicitar más dinero, simularía llamadas de presuntos funcionarios del juzgado que le indicaban que el precio de las pólizas habían subido por orden del juez, al igual que los honorarios del supuesto secuestre. La estafa en este caso fue por la suma de $18.764.000.

En este evento la abogada falsificaría el acta de conciliación de no acuerdo ante cámara de
Comercio y otros documentos para justificar su presunta gestión como litigante.

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Juez de paz involucrado

De igual manera, fue imputado el juez Álvaro Vargas, quien compareció de manera voluntaria al proceso y a quien se le atribuyeron los delitos de falsedad ideológica en documento público y estafa agravada; hechos en los cuales participaría también la abogada, obteniendo la suma de $27.300.000 de propiedad de una pareja de esposos.

Para inducirlos y mantenerlos en el error, Ortiz Caicedo recibió el dinero con el compromiso de pagarle a un acreedor un saldo que había quedado pendiente por la compra de una casa, el cual nunca entregó.

Fue así como el para entonces juez de paz expidió el 19 de octubre de 2015 una constancia en la que hacía saber que el dinero lo había recibido el acreedor de parte de los esposos, lo cual no fue cierto, y que firmó en presencia de la abogada y sus clientes sin que estuviera él presente.

Ninguno de los dos aceptó responsabilidad alguna en los delitos atribuidos. Sin embargo, la abogada fue enviada a la cárcel como medida preventiva, mientras avanza el proceso.