Según el informe de auditoría que realizó la Contraloría Departamental del Tolima, en seguimiento a la facturación generada por el hospital de Honda a través del aplicativo SAHI, se encontró que en ejecución de los contratos 261, 335, 372 y 400 a nombre de Solano Medical Group y Urosalud Servicios urológicos, el hospital dejó de recibir un valor de $124.336.379 que no fueron reconocidos por las EPS al hospital, pero sí cancelados de manera oportuna por este a los contratistas. 

La comisión auditora no evidenció en la documentación disponible que el contratista hubiese cumplido la obligación de contestar las glosas.

En la vigencia 2020, el hospital celebró un total de cinco contratos con el objetivo de ejecutar los procesos y subprocesos requeridos de urología. Al evaluar la ejecución de dichos contratos se observó que, dentro de los valores cancelados por el hospital a UROSALUD por concepto de honorarios médicos por procedimientos quirúrgicos, se encuentran varios pagos cuyas cuantías equivalen al 80% de los valores facturados por el hospital a las respectivas EPS.

 Lo que indica, según la forma de pago establecida en los contratos, que dichos procedimientos fueron realizados con equipos propios del especialista. 

El informe también señala que en dichos pagos se encuentra que adicionalmente se efectuó el reconocimiento del 20% por concepto de derechos de sala en cirugías, donde el especialista aporta instrumental propio. Por este ítem el Hospital canceló a UROSALUD, la suma de $82.235.637, valor que se convierte en un pago doble.

• Puede leer: Nuevo lote de vacunas Pfizer listo para ser aplicado a los tolimenses

 El órgano de control determinó que se incumplieron los deberes funcionales de los servidores públicos que tenían a su cargo la responsabilidad.
En el audio suministrado por la Contralora auxiliar, Myriam Johana Méndez, explica que debido a lo mencionado anteriormente, estos casos serán trasladados a la Dirección técnica de responsabilidad fiscal, en virtud de un proceso que se adelantará a través de la Contraloría departamental, la cual garantiza el debido proceso de la personas vinculadas como presuntos responsables. 

El informe de la auditoria fue dirigido al representante legal del Hospital San Juan de Dios E.S.E, Manuel Alfonso González Cantor.