Hoy, más que nunca, se evidencian los estragos de la Ley 100 de 1993. En medio de la pandemia las empresas privadas de la salud continúan siendo las grandes beneficiadas con los recursos públicos. Así lo denuncia La Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, la Seguridad Social Integral y Servicios Complementarios de Colombia (ANTHOC).

Vale la pena recordar que, con la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, el Gobierno Nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME). Que busca "atender las necesidades de atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento”. Las provisiones de dicho fondo serán en su totalidad con recursos públicos. 

Sin embargo, ANTHOC asegura que el gobierno de Iván Duque a la fecha no le ha cumplido al sistema público de salud. Entretanto, las EPS ya gozan de varios beneficios gracias a los dineros del FOME. 

En primera instancia, las empresas privadas de la salud ya recibieron el primer giro de $782.515 distribuido en las 38 EPS (para cumplir con lo establecido en la Resolución 535 de 2020). Algo que, por el contrario, no ha sucedido con las entidades públicas prestadores de servicios de salud. 

Además, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), giró 1,93 billones de pesos por concepto de la UPC del Régimen Subsidiado de Salud. Estos dineros hacen parte de los giros corrientes que mensualmente realiza la entidad y nada tienen que ver con los nunciados por el Gobierno Nacional llegarían al sector salud debido a la emergencia. 

Otro punto a tener en cuenta es que, debido al aislamiento preventivo obligatorio, las EPS han disminuido en un 50% los servicios que prestan. De acuerdo con ANTHOC, las EPS mermaron las consultas médicas, exámenes diagnósticos y
procedimientos quirúrgicos programados; se disminuyó las atenciones por accidentes de tránsito y se redujola violencia callejera, lo que significa que por mes, las EPS dejan de ejecutar más de 1.5 Billones de pesos. Si estas medidas se amplían hasta el 30 de mayo el ahorro será superior a 4.5 Billones de pesos.

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Además, Las incapacidades por covid-19 serán pagadas por el ADRES, y no por las EPS.

Asimismo, Supersalud autorizó la suspensión de las medidas cautelares que tenían algunas EPS, entre ellas MEDIMAS SA, que no cumplen con los requisitos mínimos para continuar afiliando a la población colombiana. 

La Asociación también apunta que los recursos destinados para dotar al personal de la salud con elementos de protección laboral, resultan absolutamente insuficientes para cubrir las necesidades propias de la pandemia. 

ANTHOC se pregunta: ¿Hasta dónde nos quieren llevar? 

"En casi todo el territorio nacional las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS Públicas) deben a sus trabajadores salarios y prestaciones sociales en promedio de más de 4 meses, situación que se va a agravar, si se tiene en cuenta que toda la red hospitalaria está EN MODO COVID-19, disminuyendo la facturación en por lo menos el 50%, siendo imposible que las entidades respondan por sus obligaciones laborales y acrecentando la deuda laboral, si el Gobierno Nacional no toma medidas extraordinarias". 

La flexibilización y tercerización laboral existente en el sector es el resultado de la privatización de la red pública hospitalaria, lo que trajo como consecuencia mecanismos irregulares de contratación para desarrollar actividades permanentes de las entidades, complementa el sindicato. 

Finalmente, reiteran al Gobierno Nacional que no solo debe agilizar la entrega de los recursos especiales para la salud pública, sino que, también debe reducir lo destinado para las EPS y aprovecharlo para fortalecer lo público en estos momentos tan coyunturales.