El artículo de Paula Andrea Grisales cae como anillo al dedo en un día como hoy cuando se celebra el día mundial del aborto legal y seguro y pone nuevamente en entredicho la decisión de la Corte Constitucional, sentencia C 355 de 2006 en donde despenaliza el aborto en tres casos:  cuando el embarazo constituye peligro para la salud o la vida de la mujer, si existe grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo es producto de una violación o incesto.

En el Tolima con corte a 30 de julio de 2018 se registraron en la secretaría de Salud de Ibagué 177 abortos voluntarios, realizados en condiciones seguras para las mamás. 

De acuerdo a la organización no gubernamental Womens Link Worldwide,  se estima que en Colombia se practicaban 400.000 abortos ilegales al año. Cifras que son escalofriantes en cualquier contexto porque abre mucho más la brecha de inequidad con las mujeres. 

En la entrevista realizada por esta estudiante al doctor en sociología y profesor de la Universidad del Rosario,  Óscar Javier Maldonado Castañeda, sus respuestas traspasan el poder de los números.  

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¿Por qué este dato de los 400.000 abortos ilegales interpeló de manera tan fuerte al Estado?
 
Óscar Javier Maldonado Castañeda (OJMC): Al tener un número tan grande el Estado empieza a tener un deber de protección, de modo que este número convierte el tema en un asunto de salud pública. ¿Por qué? Porque 400.000 abortos ilegales son 400.000 mujeres en riesgo, son 400.000 citas adicionales para el sistema de salud, de las cuales se pueden derivar el mismo número de tratamientos ocasionados por un aborto mal practicado. Las repercusiones son para la salud de la mujer y también para el sistema de salud. Por eso empieza a ser un tema en el que el Estado debe pronunciarse.
 
El Instituto Alan Guttmacher (AGI), que es una fundación líder en el análisis epidemiológico y demográfico del aborto, prestó su apoyo a las organizaciones de mujeres que buscaban la despenalización. Quizá su aporte más contundente y, a la vez polémico, fue la cifra estimada de los 400.000 abortos ilegales en el país. ¿Cómo construyeron esta cifra?
 
OJMC: Los investigadores del AGI cruzaron las cifras de embarazos con las de nacimientos y detectaron que había un desfase, entonces asumieron que esos embarazos que no llegaron a término daban una pista de muerte de neonatos. La segunda cosa que revisaron fueron las historias clínicas de eventos adversos que podrían estar relacionados con abortos, como mujeres que llegaron con perforación en el útero o mujeres con sangrado permanente. Esto hacía referencia a que había una alta probabilidad de abortos ilegales.

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Adicionalmente, construyeron otro índice a partir de entrevistas con ginecólogos y otros profesionales de la salud que tratan estos casos. Por ejemplo, una mujer llega con un sangrado y el profesional sabe que se trata de un aborto, pero lo reporta como un sangrado, aunque desde su conocimiento experto sabe que es un aborto ilegal. Entonces AGI tomó estos tres elementos, los combinó y esto les permitió construir la cifra.
 
Diez años después de la despenalización del aborto en Colombia, en Chile tomaron como ejemplo el litigio llevado a cabo en nuestro país para avanzar en su propia discusión. Fue así como quienes estaban en contra de la despenalización identificaron que el debate en Colombia había girado hacia la salud pública y los derechos, hecho que fue clave en la despenalización. En respuesta a esto, en Chile usaron otro argumento, ¿de qué se trató la estrategia de los que estaban en contra de la despenalización?
 
OJMC: Lo que más les interesaba demostrar es que la despenalización del aborto no influye en la reducción de la mortalidad materna. Con esto evidenciaban que el debate no era un asunto de salud pública y, en vez de esto, lo que habría que esgrimir es cuándo empieza la vida humana, cuál es la moralidad del aborto y demás.

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Este movimiento empezó a intentar interpelar al Estado con un lenguaje más técnico, no únicamente desde lo religioso o desde las consideraciones de cuándo inicia la vida humana. Sus representantes comenzaron a hablar sobre formas de política poblacional alternativas a la de Naciones Unidas y defendieron una visión mucho más conservadora y a favor de la familia, una visión que critica la forma en que el aborto se ha puesto como tema prioritario en las políticas poblacionales.
 
Desde la orilla de las posturas antiaborto, el epidemiólogo chileno Elard Koch cuestionó la metodología usada por AGI para estimar el aborto inseguro. Él identificó algo clave en la manera en que se había construido la cifra de los 400.000 abortos ilegales y que, además, es una pista clave sobre por qué las cifras no son objetivas. ¿De qué se trata esta pista y qué revela sobre la falsa objetividad de los números?

Koch atacaba la encuesta que se hacía a los expertos, pues supone una opinión que, si bien es muy fundamentada y tiene autoridad clínica, no es lo mismo que un dato recogido de eventos vitales. Fue así como señaló que encuestar expertos no es objetivo porque depende mucho de la opinión de las personas.

Lo interesante es que, finalmente, lo que él desconoce es que cualquier producción de datos es subjetiva. Los datos tienden a presentarse como objetivos, pero, la producción numérica siempre involucra elecciones subjetivas. Por ejemplo, elegir el índice, decidir cuánto peso se asigna a ciertos elementos, cuáles fuentes se escogen y cuáles se descartan. Y eso pasa en todo: desde la economía hasta en datos mucho más duros que usan los científicos. Los estudios sociales de la ciencia han venido mostrando esto de forma sistemática.

Fuente: https://www.urosario.edu.co/Investigacion/UCD/Articulos/El-papel-de-los-numeros-en-la-despenalizacion-del-aborto/