Por Leider Guerrero

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), cada día asesinan a un líder social en Colombia. La  estadística arroja que, desde el año 2016 cuando se firmó el Acuerdo de paz entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, han asesinado 1.000 líderes.

La zozobra, el desconcierto, la muerte y sobretodo la impunidad, son algunas de las situaciones que cargan día a día los líderes sociales en todo el país, dado que en múltiples casos han tenido que abandonar sus territorios, su comunidad y dejar todo lo que han construido por defender sus derechos y los de su gente.

En el departamento del Tolima han asesinado nueve líderes sociales desde aquella fecha, sin que hasta ahora se tengan capturados por estos hechos violentos que atentan contra la integridad de quienes luchan por los derechos de muchas comunidades.

Los líderes sociales se encuentran en cada rincón del país desde La Guajira hasta la Amazonia. Su situación no es la más alentadora. El informe presentado por Indepaz, refleja que en lo corrido del año 2021, han asesinado a 27 líderes sociales, han ocurrido 15 masacres y nueve firmantes de la paz han sido asesinados, cifras que no generan seguridad en ninguna zona del país.

Según el presidente Ivan Duque, los principales responsables de los asesinatos a líderes sociales en Colombia, son las disidencias de las Farc y ELN. Sin embargo, Flor Múnera directora de la Mesa de víctimas del departamento del Tolima,  afirma que los principales actores de las intimidaciones pertenecen a otros grupos al margen de la ley: “Acabaron de amenazar a un grupo importante de personas en Natagaima, se hacen llamar disidentes de las FARC, pero también en el norte del Tolima, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacen presencia en el territorio”.

Múnera denuncia el abandono del gobierno nacional y departamental frente a la protección de los líderes sociales. Es de resaltar que en el marco de estas denuncias el acompañamiento por parte de la gobernación de Tolima ha sido nulo.

“No existe un acompañamiento. Es totalmente inexistente por parte de la gobernación, la alcaldía y todo el sector político del Tolima. Yo soy la que presenta las denuncias ante los diferentes órganos judiciales, por eso lo digo con toda la certeza que no existe una respuesta rápida y mucho menos efectiva”, afirma Múnera.

La situación no parece tener solución, puesto que es frecuente que en diversos trayectos en el interior del departamento, salgan personas encapuchadas con armas haciendo saber que no deben estar ahí y que no deben  regresar jamás a esas zonas o a esas comunidades.

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Más allá de lo que pueda suceder con los líderes sociales, Indepaz en su más reciente informe con fecha del 2021, revela que en lo corrido del año ya son dos las víctimas fatales que se presentan en el departamento  a causa de este genocidio que viene ocurriendo tiempo atrás, y que por ahora, no parece tener remedio alguno.

A causa de las distintas circunstancias que suceden en su diario vivir, Múnera se ha dado la tarea de seguir luchando en contraposición a todo aquello que pasa en el país.

“Con los 47 años que llevo luchando por los derechos de muchas comunidades, puedo decir que ser líder social es aquella persona que siempre se ha preocupado más por lo que le pase al conjunto de la gente de este país y del mundo. Lo que hacemos nosotros es ayudarles a buscar el camino de la exigencia, de la garantía, del respeto y de la solidaridad. Hacemos el liderazgo social con pasión, nos preocupamos por la colectividad y nos enfocamos en nuestros derechos como colombianos” aseguró.

En el departamento del Tolima, las amenazas no tienen elección, pues van desde amedrentamientos, panfletos, coronas, mensajes por las emisoras comunitarias o rumores entre la misma población. Los municipios que se encuentran con más líderes sociales amenazados son : Chaparral, Saldaña, Natagaima, Purificación, Ronces valles, Valle de San Juan, Coyaima y Flandes.

Los líderes sociales que han sido amenazados están divididos entre ambientalistas (112), comunales (20), defensores de los derechos humanos (10), firmantes de la paz (5) y líderes indígenas (5). Sin embargo, cabe resaltar que el año que más se presentaron amenazas desde la firma del acuerdo fue en el 2018 según Indepaz.

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Según un informe de la Defensoría Del Pueblo, ante las alertas tempranas que hace este organismo, existe una respuesta tardía.

“La defensoría con sus informes y sus alertas tempranas ayuda un poco, pero de nada sirve tener esas alertas y que el gobierno no haga nada para prestar atención a esas denuncias, pero no pueden hacer más que eso, porque solo están limitados a ser un canal directo con los organismos protectores, entonces la situación es grave” señala Múnera.

Los estudios más recientes realizados por la defensoría del pueblo en conjunto con Indepaz dan a entender que las cifras del 2021 pueden ser devastadoras por el incremento de las amenazas y del número muertos que van en lo corrido del año. El gobierno departamental siempre ha insistido en que se trabaja día a día para fortalecer el tejido comunitario, pero hasta ahora no se ve acompañamiento alguno en muchas zonas afectadas del departamento.

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El llamado que se hace es no dejar pasar las amenazas por alto, hacer un mayor acompañamiento por parte de la secretaria del interior, del gobierno departamental y por supuesto del gobierno nacional en cabeza del presidente duque. Adicionalmente, las diferentes ONG exigen se les brinden garantías necesarias y rápidas a los líderes para poder tener un mayor acompañamiento en su accionar que siempre es en beneficio de la comunidad.

Estudiante de Comunicación social – periodismo de la Universidad del Tolima. El presente artículo es resultado de la cátedra Reporterías y escrituras periodísticas que orienta Carlos Pardo Viña