La funcionaria del Museo Panóptico de Ibagué, Diana María Londoño, se encuentra en el centro de una polémica tras unas publicaciones realizadas en sus redes sociales, en las que presuntamente estaría favoreciendo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella y a Sara Castellanos, candidata al Senado por el partido Salvación Nacional.

La denuncia en este caso proviene del colectivo “Ciudadanos por Ibagué” señala: “Directora del Panóptico y ficha clave de Johana Aranda y Andrés Hurtado. ‘Está firme por la patria’”. Además, agregaron que “llama la atención que la encargada de proteger la memoria histórica del departamento haga campaña activamente en favor de un candidato señalado por defender a jefes paramilitares”.

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Cabe recordar que Londoño se desempeñó como secretaria de Cultura durante el mandato del exalcalde Andrés Hurtado (2022–2023), periodo en el cual fue objeto de investigación por parte de la Procuraduría General de la Nación por presuntos hechos de corrupción.

El Ministerio Público señaló que la funcionaria omitió declararse impedida para actuar en un contrato celebrado con la Fundación de Música y Artes Naiot, cuyo objeto era la realización del Festival de Música Cristiana Góspel. Según la Procuraduría, Londoño habría sido gestora en la creación de la fundación contratante, por lo que la posible falta fue calificada como gravísima, cometida a título de dolo.

Participación en política

La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 013 del 28 de agosto de 2025, en la cual recuerda a los servidores públicos y a los particulares que ejercen funciones públicas su deber de observar y acatar las prohibiciones relacionadas con la indebida participación en actividades de partidos y movimientos políticos o en controversias políticas, sin perjuicio del ejercicio del derecho al sufragio.

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La directiva prohíbe expresamente difundir propaganda electoral o realizar manifestaciones a favor o en contra de cualquier partido, movimiento político o candidatura, a través de cualquier medio, incluidas las redes sociales.

Asimismo, la ley establece que los servidores públicos del nivel municipal, como los funcionarios de alcaldías, tienen prohibido participar en actividades de partidos o campañas políticas.