Tanto dirigentes sindicales y abogados de los 97 trabajadores del hospital Federico Lleras Acosta fueron despedidos de sus cargos, anunciaron que demandaran el reintegro de varios de ellos al considerar presuntamente ilegal la forma como fueron despedidos, sin que se les hubiese avisado a través de un documento, por parte de la gerente Inés Loaiza.

La masacre laboral que cayó como un baldado de agua fría, dejó a más de uno sentado, debido a que no contaban con esta decisión, por cuanto los trabajadores, habían sido sometidos a un concurso de méritos, patrocinado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Voceros de los trabajadores, así como el presidente del Sindicato de Antohc, Pedro González, dijo que los trabajadores procederán a interponer acciones de tutela para ser reintegrados a sus cargos.

Además, añadió que para nosotros fue un golpe duro al conocerse de esta decisión arbitraria.

Cabe señalar que quienes lograron pasar las pruebas fueron ratificados en sus cargos, mientras quienes no sobrevivieron fueron despedidos, entre ellos dirigentes sindicales que gozaban del respectivo fuero sindical.

La decisión radical como fue catalogada por los afectados no tuvo en cuenta que muchos de estos trabajadores están a punto de pensionarse, son sindicalistas y poseen fuero y otros han adquirido enfermedades en el trabajo o son madres embarazadas.

El Cronista.co, conoció el caso de muchos, de una mujer que lleva más de 30 años al servicio de esa institución y que también resultó afectada, cuando sólo le restan tres meses, para adquirir la pensión.    

El Cronista. co ha intentado hablar con Inés Loaiza, pero ha sido infructuoso, sin embargo, dialogamos con Ramiro Ospina abogado laboralista quien dijo que uno de los procedimientos a seguir es interponer acciones de tutela en contra de la Comisión Nacional del Servicio Civil, por considerar que se cometieron serias arbitrariedades.

Otra de las vías jurídicas es demandar el concurso ante el Consejo de Estado, por irregularidades y porque en esta masacre cayeron empleados que están acogidos por el llamado retén pensional. En resumen, dijo el abogado del sindicato se violaron una serie de derechos a los trabajadores.

Finalmente, la Secretaria de Salud Sandra Liliana Torres, al conocer el hecho, dijo que tomará contacto con la Superintendencia de la Salud, con el fin de que manera se logra detener esta masacre registrada en ese centro asistencial.

Añadió que las demandas se van a venir en contra del Hospital el cual se encuentra financieramente en precarias condiciones.

Hasta el momento conocemos de 97 empleados, pero podrían ser más, terminó diciendo la funcionaria.