Luis Carlos Arenales Patiño, presidente de la subdirectiva CUT Tolima, anunció que los trabajadores colombianos y en especial del Tolima, bajo la coordinación del Comando Nacional Unitario de Paro, han declarado estado de alerta.

Según el dirigente sindical, la medida responde a lo que calificó como una “andanada de demandas” promovida por sectores elitistas, empresariales y políticos, que buscan tumbar el decreto del salario mínimo mediante tutelas y acciones ante el Consejo de Estado, alegando supuestas irregularidades en su expedición.

Arenales destacó que, pese a la presión jurídica contra el gobierno de Gustavo Petro, la justicia ha fallado en tres ocasiones a favor de la aplicabilidad del decreto. Incluso, una de las demandas más fuertes ante el Consejo de Estado fue retirada recientemente, lo que, según él, fortalece la postura de las centrales obreras (CUT, CTC, CGT y confederaciones de pensionados) sobre la legalidad del incremento salarial.

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Como respuesta, se convocó a una gran movilización para el próximo 28 de enero a las 10:00 a.m. En Bogotá, la concentración se realizará frente a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, y en la capital tolimense frente al Palacio de justicia, con el objetivo de “expresar el rechazo del pueblo colombiano a los intentos de revertir esta conquista laboral que beneficia a los sectores más vulnerables de la economía”.

El presidente de la CUT Tolima contrastó la postura de gremios como FENALCO, a quienes señala de patrocinar estas demandas, con la de empresas de grandes superficies como Grupo Éxito y Carulla, que ya han manifestado públicamente su compromiso de aplicar el nuevo salario mínimo. Estas compañías consideran que un mejor pago fomenta la productividad y el compromiso de los empleados, desestimando así los argumentos sobre posibles efectos negativos para el sector empresarial.

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Finalmente, la jornada de protesta se extenderá a todas las capitales departamentales del país. En Ibagué, los trabajadores se concentrarán frente al Palacio de Justicia para exigir respeto a la estabilidad económica de millones de ciudadanos. “Lo que estamos exigiendo es la legalidad del salario mínimo”, concluyó Arenales, quien reafirmó que la movilización será pacífica pero contundente en defensa de los derechos laborales.