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Procuraduría formuló pliego de cargos contra el personero de Ibagué

Procuraduría formuló pliego de cargos contra el personero de Ibagué

Educardo Espinosa Palacios, personero de Ibagué para el periodo 2024 - 2028. 
 

Su gestión como gerente del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial (IDUVI) de Chía, Cundinamarca, todavía persigue al actual personero de Ibagué, Educardo Espinosa Palacios. 

La Procuraduría General de la Nación le acaba de formular pliego de cargos al personero de Ibagué por la presunta celebración de un contrato con Jorge Enrique Díaz Varela, quien se encontraba sancionado con destitución e inhabilidad general por 12 años.

Los hechos se remontan a la gestión de Espinosa Palacios como gerente del IDUVI en Chía. Según la Procuraduría, él y su equipo habrían omitido la inhabilidad de Díaz Varela. 

Por los mismos hechos, la Provincial de Instrucción de Zipaquirá vinculó también al expediente a la exjefa de la Oficina Jurídica y de contratación, Diana Carolina Baracaldo Rodríguez, quien también habría pasado por alto los antecedentes disciplinarios del contratista.

"Los disciplinables pasaron por alto la situación de inhabilidad, a pesar de recibir entre la documentación previa a la firma, el certificado de antecedentes de la Procuraduría que señalaba la sanción impuesta por la Secretaría de Integración Social de Bogotá a Díaz Varela, con lo que vulneraron el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto por la ley", explicó el Ministerio Público. 

De acuerdo con la Procuraduría, la actuación del hoy personero pudo quebrantar el cumplimiento del principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó la conducta como falta gravísima a título de culpa grave.

En el caso de Baracaldo Rodríguez, se habrían afectado los principios de moralidad y eficacia, por lo que temporalmente la calificó como falta gravísima atribuida a título de culpa gravísima.

Así, el personero de Ibagué queda en riesgo de ser destituido del cargo y podría quedar inhabilitado para ocupar puestos públicos hasta por 15 años.

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