Diversos sectores de la ciudad de Ibagué han quedo, como de costumbre, sin el servicio de agua, debido a las lluvias que han caído últimamente en la capital del Tolima.

Las directivas de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué (IBAL), han explicado, como de costumbre, que la interrupción en la prestación del servicio se debe a la turbidez del agua. Problema que viene afrontando la comunidad desde hace varios años, y cuya solución estaba en la puesta en funcionamiento del acueducto complementario con captación de más de mil litros por segundo en la cuenca del río Cocora.

Sin embargo, la fallida obra que fue inaugurada con todo el boato que le gusta al tutor de la alcaldesa Johana Aranda, el mitómano Andrés Hurtado, después de habérsele hecho una inversión multimillonaria de más de 250 mil millones de pesos, según declaraciones de la gerente del IBAL Erika Palma Huertas, no ha servido para absolutamente nada. Una plata malgastada a todas luces, que los organismos de control: Contraloría, Personería, Procuraría y Fiscalía, no ha hecho el menos esfuerzo por investigar.

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Ya está más que comprobado que el acueducto que pomposamente llamaron la “Obra del Siglo”, se convirtió en la “Estafa del Siglo”, para los ibaguereños. Y pese a todas las denuncias que se han realizado por todas las veedurías, redes sociales y medios de comunicación no matriculados con la alcaldía, ningún ente investigador ni de control ha realizado una investigación sobre el real curso de los dineros que se invirtieron esta inútil construcción.

La paquidermia de las investigaciones

Sospechoso, que las investigaciones por corrupción en Ibagué no avancen. La Fiscalía, Personería, Contraloría y Procuraduría, son ciegas, sordas, mudas y hasta cómplices de tanta podredumbre que desde hace cinco años se apoderó de la administración pública de Ibagué.

La pasividad de los organismos de control en los últimos cinco años para investigar los delitos de corrupción en Ibagué es asombrosa. Se pierden, se embolatan o simplemente de engavetan los procesos en los despachos judiciales, como el caso de la denuncia electoral contra la elección de la alcaldesa Aranda, los nulos resultados de la investigación por el puente fantasma de la 60, el escaso avance del proceso contra el nefasto Andrés Hurtado por el peculado por uso indebido, al utilizar las instalaciones del estadio Manuel Murillo Toro, para celebrarle el cumpleaños a uno de sus hijos, proceso que duerme el sueño de los difuntos en un juzgado de la capital del Tolima, a la espera de la prescripción como su única arma de defensa; y la investigación por incremento patrimonial indebido que instauró el exalcalde Rubén Darío Rodríguez contra Andrés Hurtado. Estos casos como los más relevantes.

Pero a ello, hay que añadirle las denuncias que en este mismo sentido han formulado diversos sectores ciudadanos y medios, que reclaman más agilidad y transparencia en las investigaciones judiciales contra funcionarios y exfuncionarios de la administración local.

Hace algún tiempo se denunció por ejemplo, que personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Ibagué, encargados de investigar al entonces exalcalde Andrés Fabián Hurtado, sus familiares tenían millonarios contratos con la alcaldía, como en el caso de     Omaira Méndez Lozada, quien se habría beneficiado con millonarios contratos que la empresa de su familia celebró con la Unidad de Salud de Ibagué (USI), como lo reveló en su época el entonces diputado Marco Emilio Hincapié.

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También han surgido rumores persistentes en el sentido que funcionarios de la Fiscalía del Tolima, entre ellos agentes del CTI, supuestamente cuentan en su haber con apartamentos lujosos, carros de lujosos y fincas de considerable valor, a nombre propio, de sus familiares o de presuntos testaferros. Sería bueno que las autoridades competentes investigarán estos ruidos que se extienden en la opinión y en diferentes sectores de ciudadanos para establecer su veracidad y descartar cualquier sospecha contra funcionarios encargados de investigar los casos de corrupción.

Los operadores de la ley deben de ser transparentes, libres de toda duda y sospecha para que exista verdadera justicia y, por ende, la confianza en los entes de control no se pierda.