Para las dos de la tarde se programó la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento dónde la jueza segunda penal de control de garantías determinaría imponer una medida en contra 8 funcionarios del Banco Agrario, quienes presuntamente habrían participado en un desfalco de tres mil millones de pesos.

Los capturados quienes desde la tarde anterior fueron presentados ante la fiscal 59 seccional de delitos contra la administración pública fueron identificados como Ana Yamile Ayala, Jessica Valderrama, Yeimi Maritza Florido, Jorge Arturo García Sánchez, Alberto Diaz Montoya, Iván Enrique Reyes Villalba, Rafael Osvaldo Puerta y Jesús Fernando Reyes Ortiz, los cuales fueron detenidos por el Cuerpo Técnico de Investigaciones en el municipio de Líbano, Zipaquirá departamento de Cundinamarca, Neiva  e Ibagué.

El despacho judicial les imputó los cargos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, violación de datos personales y falsedad en documento público.

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La audiencia de legalización de captura se adelantó hacia las siete de la noche del día anterior, allí la delegada de la Fiscalía procedió tan sólo a leer los delitos y los posibles antecedentes de cada uno de los imputados.

Se ha conocido que cerca de 269 denuncias fueron interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación y que las víctimas son campesinos de Rovira e Ibagué en su mayoría, quienes fueron engañados por esta red.

Los detenidos son entre otros gerentes regionales y zonales, cuatro asesores comerciales, un cajero principal y un profesional universitario.

Estas personas presuntamente estarían tramitando créditos, igualmente tramitando documentos con predios a falsos campesinos. Además, se escudaban en que los dineros eran destinados a proyectos productivos de aguacate.

Las ocho personas trabajaban en las sucursales del Banco Agrario de Ibagué y Murillo en su momento.

Se cree que esta red venía operando desde el año 2015, en dónde engañaron además a campesinos de veredas de la región norte del Tolima quienes no pudieron poner la denuncia porque en las inspecciones de Policía no se las recibieron.

En total serían más de 600 víctimas de esta red que venía operando desde hace algún tiempo al interior de la entidad crediticia.