La ex primera dama Verónica Alcocer radicó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación con el propósito de requerir información oficial respecto a las recientes versiones periodísticas que la vinculan con presuntos actos al margen de la ley. La acción institucional fue formalizada a través de un documento enviado a la titular del ente investigador, Luz Adriana Camargo Garzón, y al vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero Díaz, luego de que se hicieran públicas las declaraciones concedidas por la ex asesora Eva Ferrer a Revista Semana.

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El documento remitido responde directamente a los señalamientos vertidos el pasado 9 de octubre por Ferrer, quien atribuyó a la ex primera dama supuestas actuaciones irregulares en territorio venezolano relacionadas con el traslado de divisas, armamento y sustancias ilícitas. Frente a este panorama, Alcocer argumentó en el escrito que dichas afirmaciones están fundamentadas en relatos de terceros y no en un conocimiento personal directo de los hechos, razón por la cual demandó claridad sobre la posible apertura de una investigación oficiosa por parte del despacho del vicefiscal.

En su comunicación, la solicitante recordó que no es la primera ocasión en que acude a las instancias judiciales para hacer frente a manifestaciones de la misma ciudadana, haciendo referencia a un episodio previo registrado en agosto por la divulgación de grabaciones de audio. En esa oportunidad, la Fiscalía informó inicialmente sobre la ausencia de procesos en su contra, aunque posteriormente notificó la apertura de una indagación ante la Dirección Especializada contra la Corrupción, despacho ante el cual se acreditó formalmente a su abogado defensor, Ricardo Gaviria Ramírez.

Respecto a las actividades desarrolladas en el país vecino, la petición detalla que los únicos desplazamientos efectuados a Venezuela correspondieron a dos visitas oficiales debidamente registradas los días 31 de enero y 18 de noviembre de 2023, la última de ellas en compañía del jefe de Estado. De acuerdo con el texto presentado ante las autoridades, no existen otros viajes a dicho territorio, ni siquiera a título personal, sustentando la validez de estas agendas en los registros institucionales, fotográficos y audiovisuales de acceso público disponibles tanto en Colombia como en Venezuela.

La ex primera dama ratificó que su equipo de defensa jurídica, junto con especialistas en investigación forense, recopila e integra material probatorio para ponerlo a disposición de las autoridades competentes en el marco de las actuaciones judiciales que corresponda adelantar. En este sentido, la petición enfatiza la necesidad de que la verdad sobre los hechos sea determinada exclusivamente mediante pruebas formalmente obtenidas y valoradas con rigor legal, descartando que el proceso penal se funde en testimonios indirectos o rumores.

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El comunicado requiere a la Fiscalía la precisión sobre si formalmente se ha dispuesto la apertura de un nuevo expediente por las declaraciones recientes, incluyendo la asignación de número de radicado y el despacho correspondiente, o si los hechos reportados se sumarán a la indagación existente. Alcocer concluyó su requerimiento manifestando su disposición de atender los llamados del ente de control y expresando su confianza en que el análisis objetivo de los elementos probatorios permitirá desvincular su nombre de las conductas señaladas.