Al recorrer la Capital Musical, se puede evidenciar a simple vista la falta de planeación urbana que hay en Ibagué, donde coexisten restaurantes, bares, hoteles, parqueaderos públicos, entre otros negocios, con viviendas familiares en zonas residenciales, como es el caso del barrio Piedra Pintada, jurisdicción de la inspectora cuarta urbana de policía, Carolina Andrea Duarte Vanegas.

Establecimientos de comercio que no parecen ser compatibles con el lugar donde se encuentran ubicados, llamaron la atención de la Veeduría Urbana del Barrio Piedra Pintada, quienes elevaron sus inquietudes a la Secretaría de Planeación de Ibagué. Allí les indicaron que el catastro multipropósito estaba desactualizado y, al no poder dar información clara sobre los certificados de compatibilidad de 52 negocios que operan en Piedra Pintada, los remitieron a la Inspección de Policía de su localidad.

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El día 17 de enero del presente año, la Veeduría Urbana del Barrio Piedra Pintada radicó un derecho de petición en la Inspección Cuarta Urbana de Policía de la Comuna 04, la cual, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), tiene entre sus funciones regular el uso del espacio público y está facultada para imponer sanciones en caso de que una persona, natural o jurídica, incumpla con la documentación idónea para tener un establecimiento de comercio en funcionamiento.

La inspectora Carolina Andrea Duarte Vanegas se dio a la tarea de verificar la documentación de los 52 establecimientos referenciados en el derecho de petición, un proceso que, según indicó la funcionaria a la Veeduría Urbana en una reunión de conciliación que tuvo lugar el pasado 7 de marzo, es largo y tedioso, especialmente porque le tocaba hacerlo sola.

Reunión

En dicha reunión, que tuvo lugar en la Personería Municipal y en la que estaban presentes Paola Arias, abogada de la Inspección Cuarta de Policía; Jorge Andrés Zambrano y Juan Camilo Fernández, voceros de la Secretaría de Planeación. La inspectora Carolina Duarte entregó los listados de documentos de seis locales que, según ella, ya habían sido verificados y cumplían con la documentación para su funcionamiento a Rubén Darío Calderón, asesor de la Personería, quien estaba reemplazando al personero Alfonso Luis Suárez Laurada, que había citado la reunión, pero tuvo que retirarse al inicio del encuentro.

La Veeduría Urbana del Barrio Piedra Pintada lleva cerca de dos años pidiendo claridad sobre la legitimidad de estos establecimientos a las distintas entidades, y durante este tiempo se han realizado gran cantidad de reuniones conciliatorias y de trabajo, como la que tuvo lugar el pasado viernes 7 de marzo. Según la Veeduría, en todas se ha rondado el mismo tema: “¿Cómo es posible que, siendo Piedra Pintada una zona residencial primaria, existan negocios como venta de motos de alto cilindraje, hoteles, bares, entre otros, con certificados de compatibilidad?”

Según lo dicho en esta oportunidad por el vocero de la Secretaría de Planeación, Jorge Andrés Zambrano, verificar la documentación no es competencia de la Secretaría, sino de la Policía Nacional y de la Inspección, pues, según Zambrano, Planeación únicamente emite certificados o conceptos de compatibilidad dependiendo de lo que se les solicite.

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El certificado y el concepto de compatibilidad son diferentes

El concepto de compatibilidad es un documento guía que no otorga derechos y que se puede solicitar libremente, mientras que el certificado de compatibilidad, que es el que deben tener los locales de Piedrapintada, requiere una tramitación más compleja y no se puede dar si el local no cumple con lo establecido en el Esquema de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.

Jorge Andrés Zambrano Rodríguez afirmó, en la reunión del 7 de marzo que no podía dar razón de los certificados de compatibilidad emitidos para Piedrapintada porque la Veeduría Urbana debía tener los números de fichas catastrales de todos los negocios para poder buscarlos. Además, señaló que era la Inspección de Policía la que debía verificar que los locales tuvieran dicho certificado de compatibilidad y no la Secretaría de Planeación.

Ante la polémica sobre qué entidad debía responder por el desorden que se presenta actualmente en Piedrapintada, el cual contradice lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué con respecto a las zonas residenciales primarias, la Veeduría Urbana del barrio puso en duda que los 52 comercios referenciados en el derecho de petición, contaran con certificado de compatibilidad.

Entonces, se le solicitó a Rubén Darío Calderón, asesor de la Personería, revisar entre los listados de documentos de uno de los seis locales que ya habían sido verificados por la Inspección Cuarta de Policía y que se le entregaron al inicio de la reunión, si un local de comidas rápidas en específico contaba con el certificado de compatibilidad, documento idóneo para funcionar, o con el concepto de compatibilidad, que no otorga derechos de ningún tipo. Ante esto, el funcionario, revisando el listado de ese comercio de comidas rápidas en particular, respondió: “concepto”.

Ante esta respuesta, la Veeduría Urbana del Barrio Piedra Pintada solicitó al vocero de la Secretaría de Planeación capacitar al personal de la Policía de la ciudad, puesto que un local que ya había sido verificado y se había dicho que cumplía con la documentación, en realidad no contaba con el certificado de compatibilidad, pues, al parecer, los funcionarios de la Policía Nacional confundieron con un concepto de compatibilidad.