En el más reciente informa de la Defensoría del Pueblo, se identificó que 399 municipios en el país se encuentran en riesgo extremo y alto de que ocurran hechos de violencia que afecten el proceso electoral del próximo 29 de octubre, cuando se celebran los comicios regionales en todo el territorio nacional. 

La Alerta Temprana 030 del 2023 revela que 113 municipios en 16 departamentos están en riesgo extremo: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).

Las principales ciudades en las que existe riesgo extremo son Arauca (departamento de Arauca), Florencia (Caquetá), Quibdó (Chocó), Neiva (Huila), Cúcuta (Norte de Santander) y Bogotá (cuatro localidades: Usme, Kennedy, Ciudad Bolívar y Sumapaz).

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Ibagué es uno de los siete municipios del Tolima con alto riesgo electoral de cara a los comicios regionales de este año.

Si bien en el departamento del Tolima no hay ningún municipio con riesgo electoral “Extremo”, un total de siete municipios presentan riesgo “Alto” de cara a los comicios: Fresno, Ibagué, Planadas, Rioblanco, Ataco, Chaparral y San Antonio. Por otra parte, Icononzo, El Espinal, Ambalema, Lérida, Líbano, Honda y Mariquita fueron registrados con riesgo “Medio”.

La Alerta Temprana concluye que son que 113 municipios en riesgo extremo, 286 municipios en riesgo alto, 184 en medio y 93 en bajo, lo cual representa un total de 676 municipios advertidos en estas elecciones de 2023. Para estos comicios aumentó 39% el número de municipios en riesgo en comparación con la jornada electoral regional de octubre del 2019, es decir, 274 municipios más.

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El monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha permitido identificar la presencia, tránsito o injerencia de los grupos armados ilegales como fuente de amenaza para las comunidades y las elecciones. Entre los más relevantes están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo), la guerrilla del ELN, las disidencias de las Farc y los grupos del crimen organizado. Todos estos grupos se han expandido el 56% en las regiones del país y diversificado sus fuentes de financiación ilegal.

“Desde la Defensoría del Pueblo consideramos que la situación es compleja, por eso extendemos nuestro llamado al Presidente de la República, Gustavo Petro, para que presida la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, Ciprat. El propósito es que, junto con las cabezas de las entidades a las que les formulamos recomendaciones, implemente acciones rápidas y efectivas para que sean garantizados los derechos de las comunidades”, solicitó el Defensor del Pueblo.