[LetraCapital letra="E"]n los sectores democráticos del país y del Tolima, desde ayer entrada la tarde, cuando se conoció la nulidad del acto de elección del hoy ex procurador Alejandro Ordóñez, se respiran aires de libertad y tranquilidad en el andamiaje jurídico de la nación.

Los ganadores inmediatos sin lugar a equívocos, con la nulidad de este nombramiento, son el plebiscito por la paz que se realizará el 02 de octubre y la consulta popular por el agua y la vida que efectuaremos  los ibaguereños en fecha por definir. Y el gran perdedor, el senador Álvaro Uribe y la ultraderecha recalcitrante de este país.

El señor Ordóñez, como es de público conocimiento, se había convertido en el enemigo número uno del plebiscito por la paz y en la consulta contra la megaminería en Ibagué; inclusive tuvo un procurador Agrario y Ambiental de ingrata recordación. Sus actuaciones fueron más de un agente de la multinacional Anglo Gold Ashanti, que de un verdadero representante del ministerio Público, defensor del ecosistema y de los recursos naturales no renovables.

En cuanto a la paz ni se diga. Ordoñez, convirtió su despacho en una trinchera política, desde donde atacó inmisericordemente las negociaciones de La Habana; se convirtió en un jefe político de los sectores más retardatarios e inició su campaña presidencial de 2018, violando toda la jurisprudencia y la imparcialidad que debía defender de acuerdo a la constitución. Además del tinte político que agregaba a sus fallos, estaba también el religioso que en la práctica la convertía en un fundamentalista antes que un juez probo y ecuánime.

La muerte política de la dirigente de izquierda Piedad Córdoba y el esperpento jurídico contra Gustavo Petro para sacarlo de la alcaldía de Bogotá, son dos hechos significativos de la tenebrosa mano del Procurador Ordóñez; por fortuna, el primero resarcido, mientras el segundo se encuentra pendiente de fallo definitivo por parte del Consejo de Estado.

Con razón, hay quienes piensan que la noticia de la nulidad de la elección de jefe del ministerio Público, es la mejor que ha recibido el país en el presente año, obviamente después de los acuerdos de paz de La Habana.

Esta decisión del Consejo de Estado, no solo hace respetar el ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho, pues ningún funcionario debe reelegirse en su cargo, desde que no lo contemple tácita y claramente la Constitución y ley, sino que también es un respiro para los demócratas y movimientos políticos diferentes a la corriente que encarnó el fanático Ordoñez. Sin conocer aún a fondo el fallo de la alta corte, me atrevería a decir que como efecto colateral de esta medida, está un aliciente, un elixir para continuar la lucha por la paz y por el agua y la vida.

Celebramos con optimismo esta decisión del Consejo de Estado, no obstante de lo tardía, por las trabas y leguleyadas  que interpuso el funcionario para impedir el fallo y poder terminar su periodo.

Ojalá quien lo reemplace, sea del partido o movimiento que sea,  haga del ministerio Público un verdadero despacho disciplinario para impartir justicia ecuánime, pronta y de acuerdo a la normatividad del Estado, no basado en prejuicios religiosos y políticos  como fue la impronta de Ordoñez.

Los colombianos todos, amanecimos respirando hoy más libertad que ayer.