El reconocido empresario de Ibagué, Silvio Acosta García, denunció a la Administración Municipal por direccionar la licitación de contratos de seguridad privada a favor de la empresa TREBOL LTDA. Además, arguye que dicha empresa ya no es tolimense, sino de Boyacá, lo que representaría menos oportunidades laborales para las personas locales en plena crisis por la pandemia.

“Sacaron una serie de exigencias en el pliego de condiciones, unas incumplibles y otras sin razón de ser. Ejemplo, pedían una licencia nacional de comunicaciones, ¿para qué? Si los contratos son locales; quizás una departamental sería aceptable, pero una nacional es ponerle el moñito al chaleco. También pedían un vehículo propio de la empresa, que no es necesario en Ibagué al no ser una ciudad tan grande; con alquilarlo es suficiente, como hace el IBAL o la misma Alcaldía. Otro punto fue unas certificaciones en ciertos cargos”, explica el propietario de Aguialarmas LTDA.

El pliego de condiciones habría sido el mismo para el IBAL, la Alcaldía de Ibagué, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación (Imdri), la Secretaría Municipal de Educación, e incluso, Indeportes Tolima. “Todas pedían lo mismo, nos llamó la atención, pareciera que había un solo jurídico para todos los pliegos de requisitos, solo cambiaban la literatura”, agrega Silvio Acosta.

• Puede leer: El contrato que pone a sufrir a Orozco

Lo más grave de las denuncias, serían una serie de certificaciones laborales falsificadas que validó la empresa TREBOL, ganadora de cinco contratos públicos. “Aquí es donde nos llamó mucho la atención, porque empezamos a revisar y, por ejemplo, decía que un señor Giner Andrés Ospina Valencia ocupaba un cargo en TREBOL desde el 2007, lo que contradice el histórico de pagos de seguridad social. Allí se demuestra que él trabaja con TREBOL desde el 2018 y no desde el 2007 como lo certifican falsamente, incumpliendo los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones”, sostiene Acosta García.

De acuerdo a lo constatado en el certificado de aportes en línea, Ospina Valencia efectivamente habría laborado en otras empresas diferentes a TREBOL, antes del 2018. La organización ganadora de los contratos habría ajustado el perfil y experiencia de sus trabajadores, con tal de ser la única que cumpliera con los requisitos exigidos por la Alcaldía. Entre los que figuraban hasta 10 años de trayectoria en determinados cargos.

Ante las presuntas irregularidades las demás empresas participantes postularon observaciones al proceso licitatorio, sin encontrar respuestas favorables a las mismas. “Nosotros le mostramos a la Administración que algunas certificaciones de esa empresa no eran ciertas, porque el pago de los parafiscales demostraban los contrario. Aun así le adjudicaron los contratos, incurriendo en un delito, al tapar otro“, enfatiza Acosta, quien además ha sido el presidente del sector de la seguridad privada en Ibagué durante muchos años.

• Puede leer: La nueva regla de oro, contratar con empresarios foráneos

Al gremio de la seguridad local, también les resulta sospechoso que las certificaciones hablen de personas que llevan hasta 14 años en un mismo cargo sin ni siquiera ascender; puestos que, dicho sea de paso, son requisitos en el pliego de la licitación. “Certificaron a una señora Yolanda Isabel Quintero, que labora en la empresa desempeñando el cargo de directora de talento humano desde el siete de enero del 2015, es decir, cumple con los requisitos. Extrañamente encontramos que en una licitación anterior habían certificado a otra señora de talento humano”, apunta su presidente.

El contrato con la Secretaría de Educación requería vigilancia humana y electrónica, que implica instalar más de 900 censores, unas 100 alarmas y 20 cámaras en colegios, de acuerdo a los denunciantes. “Eso no se alcanza a instalar en 143 días, que es el objeto de la licitación, no les va a dar el tiempo. Esos contratos por lo general van de los siete a nueve meses. ¿Para qué instalar todos esos equipos por tan poco tiempo, poco más de 100 días? La conclusión que uno saca es que se van a quedar con los contratos todos los cuatro años, para que compense la inversión”, afirma el denunciante.

Acosta García subraya que no tiene ninguna duda, al decir que hubo “direccionamiento” y “corrupción” en la licitación de esos contratos. A su vez, recalca algo que llama fuertemente la atención. “Aunque eso ya se pronosticaba, era una vox populi en el Tolima a quien le iban a entregar los contratos de vigilancia. Dicen los rumores, que los contratos debían ser para la empresa que había colaborado con la campaña en votos y en dinero. Así se dijo y se cumplió. El alcalde Hurtado iba en campaña a la sede de la empresa”, sentenció él.

La Alcaldía insiste en contratar con empresas foráneas

En los últimos meses la Administración de Andrés Hurtado ha sido blanco de críticas por adjudicarle contratos a empresas foráneas en medio de la pandemia, cuando la tasa de desempleo en la ciudad superó el histórico 30% y más de 800 negocios han cerrado. Cabe recordar los dos contratos por unos 70 millones de pesos, que le entregó a organizaciones de otros departamentos, para elaborar carrozas que desfilaran por los barrios en el Día de San Pedro. Si bien se aseguró que los artistas contratados eran de Ibagué, el sector cultural resultó indignado, pues se declaró que en una de las capitales con mayor tradición folclórica, no había personal que supiera elaborar dichas carrozas.

• Puede leer: Contraloría General asume investigación de compra de kits nutricionales de alcaldía de Ibagué

“Esta empresa TREBOL, que se ganó todas estas licitaciones, es constituida en Ibagué, pero administrativamente pertenece a Boyacá. Y así es en todo. El señor Efraín Valencia, hasta hace poco gerente de los Gremios Económicos, ahora de Fenalco, y además gerente del CC La Estación, contrata empresa de vigilancia de Bogotá. O el supermercado que dice soy de aquí, compremos a los de aquí, y contrata los servicios de vigilancia con una compañía de Cali”, esgrimió Silvio Acosta.

En cuanto a la administración pública, el propietario de Aguialarmas dijo que, “si el Alcalde y el Gobernador no contratan a empresas de Ibagué y el Tolima para mejorar el tema del desempleo y desarrollo económico, ¿Entonces qué podemos esperar? Es que los tolimenses somos muy buenos para pagar los impuestos, pero para que nos empleen si resultamos muy malos”.

En el vecino departamento del Huila, el gobernador Luis Enrique Dussán ordenó contratar la mayoría de productos del Plan de Alimentación Escolar a los campesinos y transformadores de locales. Buscan que “la plata se quede en el Huila y apoyar el empleo en la región”.

Por todos los hechos expuestos anteriormente, Silvio Acosta advierte denuncias formales ante la Procuraduría y Contraloría, en caso de obtener respuestas a sus denuncias en contra de la Alcaldía de Ibagué.