La Contraloría General de la República encontró 31 hallazgos fiscales por mil millones de pesos en la Gobernación del Tolima. De ellos 15 tienen una relación de 41 millones 845 mil pesos y 25 tendrían una presunta incidencia disciplinaria. Una de ellas tendría alcance penal.

Los resultados fueron producto de la auditoría realizada sobre los recursos recibidos por la Gobernación del Tolima de parte del Sistema General de Participaciones para la vigencia del año 2016.

En el proceso de auditoría se revisaron todas las contrataciones realizadas en salud, educación, agua potable y en el Fonpet. Ya Contraloría encontró pagos indebidos, incumplimientos en la normatividad laboral, entras.  

Según el ente de control también encontraron una baja ejecución en los recursos de salud, debilidades en los temas de supervisión, falta de planeación e inoperancia en el Programa de Alimentación Escolar.

Dentro del listado de presuntos detrimentos encontrados en la Secretaría de Salud, llama la atención uno que tiene que ver con un contrato interadministrativo adelantado por el Hospital San Juan Bautista de Chaparral. Al parecer allí se habría subcontratado a su vez a la Fundación Vida y Salud Solidaria, Fundasalud, por $930 millones.

El convenio pretendía adelantar estrategias de prevención del Zika y el Chikungunya en 11 municipios del Departamento. Sin embargo se le habría pagado $56 millones por gastos operativos al hospital cuando este subcontrató a la Fundasalud. A su vez se la había pagado a Fundasalud $75 millones por gastos operativos. Ante eso la Secretaría de Salud argumentó que revisará la cuenta de cobro para solicitar la devolución del dinero por parte del hospital. 

Otro hallazgo fue el relacionado con pagos por actividades que nunca se desarrollaron. Según la Contraloría se pagó $72 millones por transportar con volquetas la recolección de inservibles, pero el proveedor manifiesta que nunca prestó el servicio. 

Lo mismo habría sucedido con otra actividad de traslado de personas para el apoyo de actividades de promoción, prevención y control del dengue, chikungunya y zika, por un costo de $72 millones que en realidad tampoco se desarrolló, según los hallazgos.

Sobre este cuestionamiento la Secretaría manifestó tener todos los soportes de la realización de las actividades. 

En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, la Contraloría encontró que no se adelantaron controles al número de raciones entregadas ni tampoco hicieron presencia para vigilar las entregas los comités de Alimentación Escolar.