Este viernes 3 de julio se conoció la resolución de la Contraloría General de la República, en el que decreta la intervención funcional de oficio al contrato de los 52.000 kits nutricionales que la Alcaldía de Ibagué adquirió a la empresa Mercacentro, para atender población vulnerable en el marco de la declaración de la urgencia manifiesta en medio de la  emergencia sanitaria por causa del covid-19.

Al asumir el conocimiento directamente de este espinoso caso, por parte de la Contraloría General de la República, se espera determinar   si hubo presuntos sobrecostos en el contrato 236 del 27 de marzo de 2020, por un monto de $5'575.336.600 millones, tal como lo ha denunciado la llamada 'bancada contra la corrupción en el Tolima'.

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El pasado 7 de abril de 2020, los concejales de Ibagué, Rubén Darío Correa, Jaime Tocora y Javier Mora, y tres diputados, solicitaron ante la Contraloría General de la República, Fiscalía General y Procuraduría General, intervención para que fuera investigado el mencionado contrato, pues de acuerdo a los análisis realizados por los propios cabildantes, estos arrojaban posibles inconsistencias en el costo de los kits nutricionales. Un hecho que puso en alerta a los concejales denunciantes, tuvo que ver con el resultado de la investigación adelantada por la Contraloría Municipal que finalmente determinó que no encontró sobrecostos en dicho contrato.

"Esperamos una investigación profunda y objetiva que en verdad logre proteger los recursos públicos de los ibaguereños", escribió en su cuenta de Facebook, el concejal Rubén Darío Correa. Agregó que esta resolución de la Contraloría General se da gracias al control político que se está ejerciendo en defensa de los dineros que son de los impuestos que pagan los ciudadanos.