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Contraloría de Ibagué asegura que no hubo sobrecostos

Contraloría de Ibagué asegura que no hubo sobrecostos

El pasado 22 de mayo el concejal Rubén Darío Correa dio a conocer ante la opinión pública un informe preliminar de la Contraloría Municipal que contenía 15 observaciones, las cuales denunciaban serias inconsistencias en la contratación que adelantó la Alcaldía de Ibagué durante la emergencia por el covid-19. 

El contrato por $5.575 millones celebrado entre la Administración Municipal y Mercacentro, para la compra de 52.000 kits nutricionales, tenía presuntos sobrecostos que ascendían a los $681 millones. Además, 232 beneficiarios manifestaron que nunca recibieron su respectivo auxilio, como lo indicó la empresa 427, encargada de repartirlos. En total, el detrimento patrimonial se elevaba a los $706 millones. 

 Sin embargo, este martes la Contraloría emitió el reporte final de la auditoría express, que da al traste con lo informado anteriormente. Explica que ahora sí utilizaron una serie de fórmulas recomendadas por la Contraloría General de la República para determinar sobrecostos en contratos públicos, y que, se evidenció la transparencia en los precios de cada producto. 

"Queda sin piso la observación de auditoría que nos ocupa y sus presuntas incidencias fiscal, penal y disciplinaria, debido a que el grupo auditor para el cálculo del presunto sobrecosto no utilizó las metodologías referenciadas, por lo tanto dicho ejercicio pierde validez y todo lo soportado con el", señaló la Contraloría de Ibagué.

El órgano de control local reseña que en primera instancia, realizó un "estudio de contabilidad de costos que tiene relación con los métodos que tiene una empresa para calcular el precio final de venta, y no, un estudio de mercado de los precios ofertados y contratados por la entidad". 

Cabe recordar que en un primer ejercicio la Contraloría se dirigió directamente a los puntos de venta Mercacentro, y encontró que cada mercado tenía sobrecostos por 13 mil pesos. Así pues, el valor unitario de los Kits alimentarios sería de 94 mil pesos, y no 107 mil, como se lo pagó la Alcaldía a la cadena regional de supermercados. 

Este hallazgo quedó desvirtuado tras el informe final de la Contraloría, que, muy por el contrario, defiende la transparencia de la Alcaldía de Ibagué. "Este grupo auditor procederá a retirar la observación de auditoría y su presuntas incidencias fiscal, penal y disciplinaria del informe definitivo, ante la inexistencia de los posibles sobrecostos en los elementos adquirido", agrega el órgano de control. 

Llama la atención, que la Contraloría referencia estándares de Colombia Compra Eficiente, con el objetivo de demostrar que la Alcaldía estuvo dentro de los márgenes permitidos de sobrecostos. En realidad no desmiente los sobrecostos denunciados, sino que, alude que está permitido por lo estipulado en la ley. 

"El valor total del kit MERCACENTRO ($107.218) está por debajo del valor máximo del kit aceptable ($129.442) con una diferencia de ($22.224), es decir que el precio está dentro del rango aceptable y no existe sobrecosto", advierte. 

232 mercados perdidos: casi 25 millones de pesos

Dentro las 15 observaciones que emitió en un principio la Contraloría Municipal, figuraba el extravío de 232 mercados. Éstos los debía repartir 427, la empresa encargada de la logística, que registró la entregada a las familias beneficiarias.

No obstante, la Contraloría indica que se comunicó con 1.500 beneficiarios y "conforme a los reportes efectuados en las diferentes llamadas se 
evidencia un total de 232 personas que manifestaron no haber recibido dicho MERCADO por parte de la Alcaldía de Ibagué, concluyéndose así que presuntamente no fueron entregados un total de 232 mercados a un valor unitario de $107.218,05". 

Esta situación reflejaría un evidente detrimento al erario. "Se evidencian debilidad es en la planeación, en la determinación y caracterización de la población para la entrega de Mercados, en la supervisión", precisa la Contraloría, en lo que calificó de hallazgo administrativo. 

No obstante, la Contraloría no aclara si el detrimento podría ser superior en el caso de ampliar el universo de personas encuestas. Solo llamó a 1.500 de 52.000 que debieron recibir mercados.

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