Una revelación de la representante a la Cámara, Katherine Juvinao, terminó por enredar todavía más a la esposa del ministro de Salud en el sonado caso de aparente nepotismo y abuso de poder. 

En plenaria del Congreso, Juvinao reveló la prueba que demostraría la falta de competencias de la superintendente delegada para prestadores del servicio de salud, Beatriz Gómez Consuegra, para presionar a funcionarios del Hospital San Rafael, de Leticia, Amazonas. 

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"La señora Beatriz Gómez, el 14 de marzo de 2024 presentó un impedimento que reza para la ESE Hospital San Rafael de Leticia, Amazonas, para actuaciones administrativas para las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud (...) Y el programa de inversión mediante el cual pretenden comprar el buque hospital es un programa por $73.540 millones, de los cuales $55.000 millones son cofinanciados por el Ministerio", explicó Juvinao. 

#ATENCIÓN

Tenemos la prueba de que superintendente delegada Beatriz González sí estaría incurriendo en presunta falta disciplinaria gravísima al presionar la firma de un contrato en la E.S.E Hospital San Rafael en Leticia. La señora había declarado IMPEDIMENTO en marzo/2024👇🏽🧵 pic.twitter.com/TRWbXxEFem

— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) April 7, 2025

Es decir, que la esposa del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo carecía de competencias para presionar a los funcionarios encargados de sacar adelante el proceso contractual del buque hospital en el Amazonas. Presiones que quedaron grabadas en una llamada telefónica y que reveló el pasado domingo el periodista Daniel Coronell. 

"La señora Gómez está actuando en contra de su propio impedimento incurriendo en esto en una falta gravísima según la Ley 1952 de 2019, que genera destitución e inhabilidad general de entre ocho y diez años", precisó la congresista. 

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En ese mismo sentido le respondió Gómez Consuegra al periodista Coronell. Ella negó su participación en las polémicas grabaciones y hasta dijo que no reconocía su propia voz. Por el contrario, su esposo, el ministro, dijo que ella sí habría participado en las presiones a los funcionarios y hasta defendió sus competencias para hacerlo. 

"A diferencia de lo que ha dicho el ministro de Salud, que la señora tiene competencia para llamar a funcionarios y presionarlos para firmar contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, pues no, no tiene la competencia", enfatizó Juvinao. 

Por último, la congresista de la Alianza Verde le pidió a la Procuraduría General de la Nación que abra una investigación formal en contra de la esposa del ministro.