Miguel Bermúdez J.

La economía formal de Ibagué la sostienen aproximadamente 34.000 empresarios, pero solo un 4% de ellos decide quiénes los representan en el ente gremial más importante de la región, y me refiero a la Cámara de Comercio de Ibagué. Y no es un problema de una sola ciudad, es un problema nacional. Por ejemplo, en Barranquilla, apenas el 1,18% de los comerciantes matriculados eligió a su Junta Directiva.

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Este atentado a la democracia está limitado por la Ley 1727 de 2014, que convirtió a las Cámaras de Comercio del país en un escenario gremial cerrado, que administra los intereses de todo un tejido empresarial sin que todo ese tejido pueda opinar.

Lo digo con la autoridad de quien ha vivido, como empresario, este lamentable panorama. He visto a colegas de sectores como el textil, el transporte, el agro, el comercio de barrio, entre otros, quedar por fuera de las decisiones que les cambian la vida, solo porque nunca los invitaron a afiliarse o, simplemente, no ven importancia o algo significativo en pagar más y ser parte del selecto grupo de afiliados.

Esto ya no es un simple tecnicismo jurídico, es una falla de visión desde el Gobierno Nacional que le está costando competitividad a toda una región. Un gremio que, en su mayoría, no puede elegir a quienes lo representan difícilmente va a poder competir con Bogotá, Medellín o el Eje Cafetero.

Por eso no me quedo con levantar la mano. Propongo una salida concreta y aplicable, en pro de permitir que la elección de los miembros de las juntas directivas de las Cámaras de Comercio del país sea representativa y democrática para la mayoría de quienes están inscritos o afiliados al ente cameral.

Por ello, le pido formalmente al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, liderar una reforma que reemplace el requisito de afiliación como pasaporte al poder de elegir o ser elegido como miembro de la mesa gremial más importante de las regiones y aplicar un sistema de representación por renglones económicos.

Esto significa, en términos concretos, que cada sector productivo —comercio, agroindustria, manufactura, turismo, transporte, servicios, economía digital, construcción, entre otros— tenga una silla garantizada en la Junta Directiva, elegida por los propios empresarios de ese sector, estén o no afiliados. Así se acabaría la limitación electoral únicamente a quienes pagan una cuota adicional para ser afiliados y se abriría paso al mérito productivo de cada renglón de la economía.

Esta reforma no solo democratiza la Cámara de Comercio, sino que la fortalece. Una junta directiva con representación sectorial real conoce mejor los problemas de cada industria, diseña políticas más precisas y le devuelve legitimidad a una institución que hoy gobierna con la voz de una minoría.

No se trata de una utopía, es una reforma a las reglas de juego, perfectamente viable, que la propia Cámara puede impulsar ante el Gobierno Nacional, sin esperar a que sea otro quien lo haga.

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Ibagué no necesita más discursos sobre competitividad si seguimos dejando las decisiones del empresariado en manos de un 4% de los registrados en la Cámara de Comercio. La verdadera transformación económica de esta ciudad empieza por democratizar quién decide. Esa es la primera batalla y estoy dispuesto a darla.