Por Estrella Vidal Sabogal - Estudiante de grado 11° Colegio Champagnat de Ibagué

La Jurisdicción Especial para la Paz tuvo la necesidad de crear el componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición para aliviar a las víctimas del conflicto armado que en la totalidad de casos analizan la solicitud de imputación de cargos tanto a víctimas como a victimarios.

Se otorga un concilio para lograr ese perdón tan anhelado que hemos determinado nosotros los colombianos para poner un fin a este proceso de violencia, y surgir hacia una Colombia libre, con seguridad en nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestros campos.

En este caso, es importante enfatizar que una de las funciones de este órgano es administrar la justicia transicional y conocer de los delitos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre del 2016. Por tanto, la existencia de la JEP no podrá ser superior a 20 años.

Dicho lo anterior, la creación de la  JEP, recientemente abrió un nuevo macro caso (Número 10)  el 15 de julio de 2022 en la sala de reconocimiento de la verdad, acerca de los  “Crímenes no amnistiables cometidos por las extintas FARC-EP” durante el  conflicto armado, y que integra los delitos perpetrados por dicho grupo insurgente, en un número de cifras que se reconocen, de aproximadamente 169.400 víctimas de hechos severos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario como homicidios, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, violencia sexual, y el uso de medios y métodos ilícitos de guerra, cometidos durante el conflicto, como transición del proceso para remediar los daños materiales e inmateriales que han causado quizás tantos años de violencia armada.

Uno de los criterios claros para ejecutar los derechos de justicia y reparación, es la verdad idónea del hecho cometido, para que de esta forma las víctimas directas o sus familiares puedan tener claridad de los sucesos y poder reclamar ante los victimarios su responsabilidad más allá de los debates y de los casos emblemáticos que han recaído en esta jurisdicción desde el análisis e investigación, con el fin de aliviar cada hecho demarcado.

Por tanto, es la primera vez que Colombia cuenta con un sistema de Justicia transicional de estas características, donde el principal objetivo recae sobre el perdón y la reconciliación. La JEP avanza con decisiones históricas, y escribe un nuevo capítulo de paz en nuestros territorios, porque abarca procesos que, desde la escuela, hemos introyectado para comprender que el perdón y la reconciliación surgen desde el mismo momento que queremos un país lleno de oportunidades valiosas para todos.

Por lo anteriormente expuesto, ¿es posible afirmar que la JEP será el camino para la reconstrucción de una paz estable y duradera? La presente incógnita es necesaria, porque la verdadera introspección al cambio inicia desde nuestra colectividad cercana, desde la necesidad de emancipación en cada uno de los escenarios que giran en torno a la construcción de país. Por ende, esta entidad de orden nacional tiene un proceso de ejecución por medio de la Ley Estatutaria la cual regula derechos fundamentales.

Se trata de un control jurisdiccional que fija parámetros claros para la atención de las víctimas y la materialización de sus derechos. En todo caso, es primordial reconocer que existe un órgano de gobierno el cual está integrado por un equipo de magistrados de cada sala y sección, donde la presidencia de la presente sala debe tener conocimiento a ciencia cierta de cada uno de los sucesos, para así completar el cumplimiento de sus funciones y establecer el orden social. A su vez, que las víctimas también sientan satisfacción y alivio frente a la seguridad que debe promover el Estado colombiano.

Uno de los puntos claves a tratar sobre la JEP, son las críticas hacia el máximo órgano de protección que tiene nuestra Nación: el Ejército Nacional. Pues ha sido nuestra institución de defensa a todos los ciudadanos en épocas de divergencia social, propiciando la salvaguardia de la soberanía, la independencia y la integridad territorial. En todo caso, es bien sabido que muchos de nuestros defensores de la patria han vivido el flagelo de la violencia, y a través de sus tantas historias de vida, han narrado aprendizajes, experiencias, y a su vez, posibilidades de tejido social, donde el punto clave es la resolución de conflictos.

No obstante, en el imaginario de cada uno de nosotros estará siempre la necesidad de construcción social, donde contribuyamos de manera eficiente en la creación de un discurso que políticamente edifique, enseñe a perdonar, a reconciliar, y, sobre todo, que nos brinde las garantías necesarias para soñar un Estado Social de Derecho que posibilite la participación de todos, a través de la valoración de la memoria histórica, que reivindique a cada uno de los actores sociales del territorio colombiano.