La Misión de Observación Electoral –MOE– ha registrado 248 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en el primer semestre de 2020. No obstante se refleja una reducción del 2% comparada con lo sucedido en el mismo periodo en 2019, las cifras son muy preocupantes, pues muestran que la violencia no cesa, ni se ve reducida sustantivamente.

La MOE destaca que si bien en el periodo de confinamiento estricto, que transcurrió entre el 25 de marzo hasta 11 de mayo, equivalente al 25% de la duración total del semestre, la violencia se redujo en un 50%, esa disminución no afectó el total de acciones registradas en el primer semestre de 2020, lo que evidencia que la violencia el resto del tiempo (sin confinamiento) fue mayor que en 2019.

En este primer semestre de 2020, el fenómeno de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales sigue la misma tendencia que en años anteriores, concentrándose en los departamentos del Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba. Al respecto, Alejandra Barrios, Directora de la MOE, afirmó: “vale la pena poner la lupa en departamentos como el de Vichada donde se registró el primer asesinato después de 4 años y Nariño, donde si bien en el primer semestre del año la disminución de agresiones contra líderes sociales fue abrupta, la violencia se ha recrudecido de forma considerable en los meses siguientes a la fecha de corte de este Informe”.

De los 81 asesinatos que se han cometido en estos seis meses en el país, 52 se presentaron en territorios PDET –las regiones de aplicación de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial–, lo que significa que 64,2% de los asesinatos se dieron en zonas priorizadas por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia. Esto representa un incremento del 39% respecto de los asesinatos perpetrados en territorios PDET en el primer semestre de 2019.

En cuanto los tipos de liderazgo, los líderes sociales son los que más han sufrido vulneraciones, registrando el 50% de los hechos. Si bien la violencia contra estos ha ido en aumento, lo más preocupante fue la letalidad de las agresiones, pues el número de asesinatos contra ellos se incrementó en un 85%. Caso contrario ocurrió con las amenazas, que disminuyeron en un 24% en estos seis meses. Para la MOE esto significa que “en la medida que los líderes sociales no tienen margen de negociación, debido a que representan los intereses comunitarios, los de sus vecinas y vecinos, sus voces son silenciadas por parte de los actores que buscan el control de los territorios.”

Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado con 89 casos registrados. Llama la atención la violencia contra los funcionarios electos en 2019 que se acrecentó en un 35% con relación al 2019. Así, en estos primeros seis meses, han sido agredidos 8 alcaldes, 42 concejales, 3 ediles y 2 diputados. Esto, evidencia la intención de este tipo de violencia: controlar no solo el actuar social, sino de los gobiernos locales a partir del sometimiento de sus líderes.

Finalmente se presentaron 35 hechos de violencia contra líderes comunales, un 13% más que en 2019. De estos, 19 fueron asesinatos, 2 atentados, 3 secuestros, una desaparición y 10 amenazas. Lo anterior refleja que el 60% de las agresiones contra este tipo de liderazgo fueron letales, lo cual es preocupante considerando que estos ciudadanos son la expresión de la democracia en el nivel más cercano a la población.

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De acuerdo con el monitoreo de violencia, 57 de los 248 hechos registrados corresponden a agresiones contra lideresas, lo que refleja, a pesar del confinamiento, un incremento del 18,8% frente al mismo periodo en 2019. El tipo de violencia que se ejerce contra las lideresas presenta una tendencia creciente y está asociada a una violencia estructural de género. Según Barrios: “las agresiones a las lideresas son particularmente preocupantes, pues se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones y gobierno”.

Así mismo, este Informe presenta un análisis sobre la violencia contra líderes afro e indígenas, que representan el 13% de los hechos registrados. La MOE destaca con preocupación la naturaleza de estas agresiones, ya que el 58% de los hechos contra los líderes afro fueron letales, y, en el caso de los líderes indígenas, el 70%.

De acuerdo a la MOE, son 109 los municipios impactados por la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales en lo corrido del 2020. En el 67% de ellos (73 municipios) hay presencia de al menos un grupo armado ilegal. Sin embargo, esto no constituye la única causa de la violencia contra los líderes, por lo que resulta indispensable avanzar hacia el reconocimiento de otros actores e intereses detrás de la violencia. Como respuesta al contexto anteriormente descrito, la MOE plantea la importancia de contar con investigaciones expeditas y exhaustivas.

Al mismo tiempo, la MOE hace un llamado a las autoridades e instituciones para repensar los mecanismos de protección que están siendo implementados, a fin de encontrar alternativas más efectivas para los liderazgos sociales y comunitarios. En tal sentido, adicionando a las medidas individuales existentes, mecanismos de protección colectiva, se atenderían de mejor forma y más eficiente los fenómenos de violencia en el nivel local.

“La MOE nos alerta sobre los riesgos de la violencia para la democracia. El informe aporta elementos fundamentales para entender las dinámicas de violencia que tanto afectan el tejido social en los territorios. Con sus recomendaciones específicas el Informe constituye una valiosa contribución en la búsqueda de respuestas concretas al flagelo de la violencia donde la participación de los y las líderes/as y de la sociedad civil se erige como un factor clave para encontrar soluciones”, comentó la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart.

“Expresamos una gran preocupación por la continuación de la violencia hacia los líderes y lideresas sociales del país. El Informe de la MOE pone en evidencia cómo las causas estructurales y propias del conflicto acentúan la violencia hacia las personas que nutren la democracia desde la base. Hacemos un llamado a la acción urgente hacia la protección de estos líderes para alcanzar la paz sostenible tan anhelada por la sociedad colombiana",  afirma Martin Sjögren, Encargado de Negocios a.i. de la Embajada de Suecia en Colombia.

Para Barrios “lo que este informe nos muestra es que lo que está pasando es una tragedia en términos locales; cada día son mayores los ataques a los liderazgos que trabajan por transformar la realidad de sus comunidades. Si no tomamos medidas urgentes, nos vamos a quedar sin líderes. Es necesario que las autoridades investiguen las agresiones contra los distintos líderes y lideresas. No podemos continuar justificando todo a la luz del conflicto armado sin realizar investigaciones completas para sancionar a los responsables de la tragedia que observamos en los territorios.”