La decisión del presidente Gustavo Petro se adopta, debido a la situación de orden público que se registra en la zona del Catatumbo, donde el Eln y disidencias de las Farc mantienen combates, que han generado asesinatos selectivos, muerte de civiles y desplazamiento masivo de la población.

El Gobierno Nacional sustenta esta facultad que le otorga la Constitución Política en su artículo 213, y que establece que “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el Estado de Conmoción Interior (…)”.

En ese sentido y de acuerdo con esas facultades, el Gobierno queda habilitado para “dictar decretos legislativos en aras de conjurar las causas de la perturbación al orden público e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual podrá, entre otras, suspender las leyes incompatibles con este estado de excepción”.

El decreto dice la conmoción interior declarada será “por el término de noventa días contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en la región del Catatumbo, ubicada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los territorios indígenas de los resguardos Motilón Barí y Catalaura, La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye al municipio de Cúcuta, y los municipios de Villa del Rosario, Los Patíos, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.

• Puede leer: “La codicia los convirtió en señores de la guerra y asesinos en masa”, Petro al ELN

Homicidios y población desplazada

Dice además que de acuerdo con informes oficiales “los municipios de Norte de Santander pertenecientes a la región del Catatumbo concentraban 43.178 hectáreas de cultivos de coca, de las cuales el 63,3 % (27.329 hectáreas) estaban ubicadas en los municipios de Sardinata y Tibú; así mismo, que, desde entonces, dichos cultivos se han incrementado, habida cuenta de la reactivación del mercado de la coca para fines ilícitos”.

Y continúa: “El Eln ha incrementado sus ataques y hostilidades contra la población civil y, especialmente, contra los firmantes del acuerdo final de paz en la región del Catatumbo, lo cual es promovido y financiado, entre otros, con los recursos provenientes de las actividades y economías ilegales en esta región”.

La situación que se vive en esta región es tan delicada que las cifras lo dicen todo. “Con corte al 21 de enero de 2025, se han confirmado 381 homicidios (incluidos 5 firmantes del acuerdo final de paz), sin que sea posible descartar la existencia de un número mayor de víctimas mortales ante las extremas dificultades que enfrentan las autoridades para la recolección e identificación de cuerpos en las zonas más afectadas”.

En cuanto al desplazamiento forzado, se denuncia que, de acuerdo con la información proporcionada por el Comité de Justicia Transicional, con corte a 22 de enero de 2025, “el consolidado de la población desplazada forzadamente es de 36.137 personas.