Sin embargo, según la Contraloría General de la República, en Ibagué, Colombia, la firma es responsable de una lista de inconsistencias e irregularidades que contribuyeron al desastre que representan las obras que nunca se construyeron para los juegos nacionales de 2015.

Typsa fue adjudicataria de un contrato por valor de 11.499 millones de pesos para realizar los estudios y diseños para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios del Parque Deportivo y de las instalaciones de la calle 42, dos terrenos que hoy lucen destruidos.

Según una auditoría excepcional, el ente de control halló en el contrato con los españoles un presunto detrimento patrimonial que asciende a 6.187 millones de pesos. Typsa subcontrató a empresas sin experiencia, sin capital suficiente e incluso una firma de transporte que no tenía registro mercantil. También, según se lee en la auditoría, a la firma se le pagaron dineros por ejecuciones no realizadas o que presentaban sobrecostos.

Pero eso no es lo más grave a juicio de quienes realizaron el estudio de control fiscal. El exgerente de Typsa, Luis Rodrigo Uribe Arbeláez, aceptó suscribir un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación para obtener beneficios y contribuir a esclarecer los hallazgos de carácter penal.

A través de Uribe Arbeláez, quien es hoy un testigo protegido, se supo, por ejemplo, que Jorge Orlando Navarrete, su mano derecha en la empresa, participó en elaboración de los pliegos de la licitación que finalmente ganó Typsa. Según Uribe, Navarrete -capturado por el CTI de la Fiscalía- contribuyó con el pago de comisiones a quienes desde la Alcaldía de Ibagué amarraron la licitación. Se refería, entre otras personas, a Orlando Arciniegas Lagos, asesor del exalcalde Luis H. Rodríguez.

Más firmas españolas

Pero, ¿cómo llegó la firma española a obtener el contrato de los diseños? Los pliegos de las licitaciones para las obras de los juegos eran tan exigentes, que solo tres firmas de ese país lograron los contratos más robustos. Como se ha dicho, Typsa ganó los diseños. Las empresas del país ibérico, Vera Construcciones y Ortiz Construcciones y Proyectos S.A., obtuvieron dos de los contratos de obra. En la Contraloría creen que estas tres mega empresas prestaron sus nombres para presentarse a la licitación junto con pequeñas firmas colombianas.

Los contratos en los tres casos fueron millonarios. El Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), por ejemplo, firmó uno por 82.231 millones de pesos con la Unión Temporal Parque Deportivo, conformada por Construcciones y Obras de Ingeniería Civil, la española Vera y Benjamín Tomás Herrera Amaya. ¿El objetivo? Construir, adecuar y remodelar los escenarios del parque deportivo de Ibagué.

Para empezar, la adjudicación de ese contrato fue cuestionada con el argumento de que la oferta económica que presentó la Unión Temporal no cumplía técnicamente con lo exigido en el pliego de condiciones definitivo. En el caso de los materiales que se debían usar, la asociación de empresas no especificó qué tipo de elementos requería.

Además de eso, el trabajo que realizó el contratista no correspondía a lo que se pactó, pues -sin estudios previos y requisitos presupuestales- habrían modificado el objeto del contrato. De acuerdo con la Contraloría, esta relación contractual dejó un presunto detrimento patrimonial de 37.139 millones de pesos.

Pero no es todo. El Imdri también firmó un contrato por 37.299 millones de pesos con el Consorcio Escenarios Unidad Deportiva 2015, con el objetivo de contratar la construcción, adecuación y remodelación de las instalaciones de la calle 42 en Ibagué. Esta asociación está integrada por las firmas bogotanas Triventi Ingenieria S.A.S, Diseño e Ingeniería Especializada S.A.S y la española -con sede en Madrid- Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.

Aunque este jugoso contrato fue entregado a este grupo, el consorcio se encargó de subcontratar toda la obra con una firma que no tenía la capacidad jurídica, técnica y financiera. Entonces, mientras en el pliego se exigían 20 años de experiencia, esta solo tenía tres. Y, aunque se pedía que tuviera mínimo un capital de 37.304 millones, tenía sólo 1.450 millones. El detrimento, para la Contraloría, está en los 13.394 millones de pesos.

Las irregularidades de Typsa

¿Por qué la Contraloría General le puso la lupa al contrato de Typsa? Aunque no es de su competencia, pues los recursos fueron destinados desde el municipio, el organismo llegó allí después de que la Veeduría Ciudadana Nacional para la Vigilancia de los juegos presentó una solicitud de control excepcional al contrato No. 237 de 2013.

Las inconsistencias empiezan a aparecer desde cuando se firmó el contrato. El Imdri aceptó pagar un valor de 11.500 millones de pesos para los diseños sin cuestionar los presupuestos que propuso Typsa, esos mismos que para la Contraloría presentaban sobrecostos.

Fue así que el ente de control determinó un presunto detrimento patrimonial de 6.187 millones de pesos. ¿Cómo se perdió el dinero? Las inconsistencias son varias. Primero, el Imdri pagó todo el contrato, aún cuando el diseño del escenario de una bolera, por ejemplo (de 227 millones de pesos) no fue entregado por Typsa.

El Instituto de Recreación también canceló a la empresa 3.450 millones de pesos por el concepto de “otros costos directos”. La realidad, según la Contraloría, es que Typsa gastó para ese fin sólo 830 millones.

Esto último también ocurrió con los supuestos gastos de “geotecnia, salarios y estampillas” que se pagaron a 2.484 millones de pesos, cuando el costo real era de 1.070 millones de pesos.

También hubo una presunta pérdida porque el Imdri le devolvió al contratista 816 millones. El valor real a regresar, no obstante, era de 439 millones de pesos. Este hallazgo, con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, generó posibles riesgos por sanciones de la autoridad tributaria.

Lo más preocupante de todo es que, aunque en el contrato se advirtió de la necesidad de una interventoría para verificar el cumplimiento, nunca se tuvo. Si se hubiera contado con una supervisión se habría podido descubrir a tiempo que Typsa habría subcontratado con empresas que tenían un capital de 10 millones o que tenían objeto social.

“Ambas empresas con el mismo propietario, donde solicitaron y lograron giros a favor de terceros por 361 millones de pesos”, dice el informe de la Contraloría Delegada del Sector Social.

*Tomado de Semana.com