Para este lunes a las 2 de la tarde en las sedes de Compensar Bogotá está previsto el nuevo encuentro entre el gobierno nacional y el Comité Nacional del Paro, se espera que el primer punto a desarrollar en la agenda sea la respuesta a la carta de CNP donde exigen garantías a las movilizaciones sociales en todo el país.

Dentro de las exigencias del CNP se pide que el proceso de negociación deberá contar con el acompañamiento del jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruiz Massieu, de la jefa en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julieth de Rivero y de la Conferencia Episcopal con Monseñor Héctor Fabio Henao.

Cabe recordar que para el miércoles 19 de mayo está previsto un nuevo paro nacional, anunciado ayer antes del primer encuentro entre las partes y en donde se espera las garantías solicitadas emiecen a regir. 

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A continuación algunos de los puntos de la carta del CNP

Garantizar el libre ejercicio de la protesta social y detener la violencia contra los manifestantes. En ese punto plantearon cuatro subpuntos como gobierno abstenerse de adoptar cualquier medida que dé tratamiento de orden público al ejercicio del derecho a la protesta social, entre ellos la declaratoria del Estado de Conmoción Interior.

De igual manera, retirar al Ejército y al Esmad completamente del control de las protestas y ordenar a la Policía que se abstenga de utilizar armas de fuego y otras que puedan producir heridas en las acciones de control.

El Presidente "debe condenar inequívocamente los abusos de la Fuerza Pública y comprometerse a que esos actos no serán tolerados y serán investigados y sancionados”. Además que el Mindefensa presente disculpas públicas por el uso excesivo de la fuerza. 

“Ordenar a todas las autoridades públicas que se abstengan de continuar estigmatizando a la movilización ciudadana”, y rectificar públicamente las calificaciones de “vandalismo criminal”, “terrorismo vandálico”.

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Adoptar de inmediato medidas específicas para detener la violencia sexual contra las mujeres en el marco de las protestas, ejercida por la Fuerza Pública, empezando por prohibir que la Policía lleve a las mujeres en vehículos y a lugares masculinizados.

Establecer un mecanismo expedito para que las personas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos en el marco de las protestas puedan acceder a la reparación de sus derechos. 

El Gobierno Nacional debe aceptar desde ya el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que verifique el entorno de las protestas sociales.

Implementación del “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación”, en todos los escenarios. 

Creación de una unidad especial de alto nivel en la Fiscalía, y con toda la autonomía, para que se encargue de abrir y adelantar la investigación de todos los hechos de violencia cometidos por la fuerza Pública en contra manifestantes en las movilizaciones.

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Creación de una unidad especial de alto nivel en la Procuraduría que deberá ejercer el poder preferente para asumir la competencia de todas las investigaciones disciplinarias contra los miembros de la fuerza pública involucrados en violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas.

A la Defensoría del Pueblo se le pide verificar que no se cometan actos de tortura, violencia sexual, vulneraciones debido proceso y otras violaciones a los derechos humanos de las personas que son detenidas en el marco de las protestas.

Espacios de discusión para una posible reforma a la Policía Nacional.

Los integrantes del Comité Nacional del Paro indican como último punto que el proceso de negociación, no implica la suspensión las movilizaciones y protestas convocadas por el Comité Nacional de Paro o por cualquier sector social.