Por Fernando Moreno
*Administrador de Empresas. Veedor ciudadano

Se respira un olor muy fuerte a conflicto de intereses dentro del Concejo Municipal de Líbano por parte de Jeisson Guzmán, concejal del partido Alianza Verde, quien pidió en plena sesión aumentar el número de agentes de tránsito y el número de comparendos; obviamente se aumenta el número de inmovilizaciones que solo beneficia al de la grúa.

Claro, los ciudadanos están preocupados porque en Líbano comentan que la grúa está en manos de la exconcejal Olga López. Pese a que el contrato esté firmado por un tercero y que todo esté en regla, éticamente queda en entredicho.

Pareciera que la política pública del control del tránsito tiene el objetivo de beneficiar a un privado. Más comparendos, más inmovilizaciones, deja como resultado más ingresos de grúa para un contratista específico.

Lo que pueden ver los ciudadanos de Líbano no es más seguridad vial, no señores; lo están viendo como un negocio camuflado de control. La pregunta obligada es:

¿Es por la seguridad vial? o ¿es por el bolsillo de unos pocos?

Pero el concejal del Partido Verde solo se limita a explicar sobre la base del número de comparendos y los ingresos que obtuvo el tránsito durante un periodo de tiempo determinado, del cual muestra su inconformidad para pedirle al inspector que debe contratar más guardas y hacer más comparendos.

Todo lo anterior no contrasta con la accidentalidad que hay en el municipio, porque las calles concesionadas mantienen pésimo alumbrado público; como la carrera 8 entre calles 3 y 4, para citar un ejemplo. No hay reductores de velocidad, no contamos con cámaras de seguridad, las motos transitan sin luces, no respetan los semáforos, además que éstos tampoco sirven, como ocurre en la esquina del antiguo Telecom.

Pareciera que las calles 3 y 4 se convirtieran en pistas de moto velocidad, piques en una sola rueda, sin control alguno; ni en el día ni en la noche.

La crítica va dirigida al control vial y a la coherencia. El problema no es el orden de las vías, el problema es cuando el control parece ser selectivo o dirigido.

La ética se convirtió en un valor escondido para Líbano, porque el contrato de la grúa está ligado a una concejal que renunció a su credencial y se deja por fuera la propuesta que se debe centrar en la educación vial, en la prevención de accidentes, el mejoramiento de la infraestructura y la señalización vial.

Pero todo pareciera indicar que el orden se impone con multa; por ello no hay transparencia y se respira un entorno de desconfianza pública. Menos cuando se habla de una aspiración a la alcaldía de Líbano; bien sea por el concejal Jeisson Guzmán o la exconcejal que renunció estratégicamente, antes de que saliera un fallo en su contra y así evitar consecuencias jurídicas como una inhabilidad.

Así es el juego político en Líbano, donde un concejal pide más sanciones para beneficiar al de la grúa, pero el de la grúa, que en el ejercicio como cabildante, prefirió renunciar para evadir consecuencias políticas.

Eso sí, los dos quieren llegar a la alcaldía en las próximas elecciones.