Como un paso fundamental hacia el cumplimiento de las deudas del Estado con el sector rural, es considerada la firma que el presidente Petro estampó este viernes para darle vida a la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria, que modifica la Ley 270 de 1996 de administración de justicia y que representa un avance en la organización de la justicia agraria en Colombia.

El objetivo de esta ley es garantizar que los asuntos relacionados con la tierra, los derechos de las comunidades campesinas y los territorios rurales sean atendidos de manera especializada, cercana y efectiva, por jueces que resuelvan de manera exclusiva los conflictos agrarios.

Cabe señalar que la jurisdicción agraria había quedado contemplada en el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

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Justicia al servicio del pueblo

En su intervención, el presidente Petro aseguró que esta nueva norma, que ya entró en vigencia, permite que “cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada, no sea el camino de la solución, que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”.

“Y aquí firmamos esa Ley, comienza a actuar, hecha para adelante desde el día de hoy. Buen viento y buena mar le deseamos”, remató el mandatario.

Con la creación de tribunales y juzgados agrarios, así como de equipos técnicos interdisciplinarios, se establece una estructura que permite administrar justicia con mayor eficiencia y profesionalismo. Los tribunales actuarán como órganos de decisión y apelación en casos complejos, mientras que los juzgados serán la base de la atención local, garantizando que la justicia llegue hasta las comunidades más alejadas y vulnerables.

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Resolver conflictos a través del diálogo

Significa, entonces, que el campesinado tendrá un acceso más directo a la justicia, con procesos claros y especializados en sus necesidades territoriales.

Además, la ley introduce facilitadores agrarios y rurales, quienes orientarán a los ciudadanos sobre sus derechos y los procedimientos judiciales, asegurando un servicio gratuito y comprensible. Esta medida es clave para reducir barreras de acceso y garantizar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho tangible para todos los habitantes del campo.

Con esta normativa, Colombia apuesta por resolver los conflictos rurales mediante el diálogo legal y la institucionalidad, sentando las bases para una paz estable y una gestión del territorio más equitativa.