Por Miguel A. Casas Silva

Hay 170 municipios priorizados para el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en Colombia. Una década después de firmado el Acuerdo Final de Paz con las FARC, la implementación quedó reducida en la mayoría a obras dispersas y a comunidades que volvieron a quedar a merced de quien llegara primero.

La excepción está donde menos se esperaría. En el Sur del Tolima, el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) fijó 32 programas y 521 proyectos sobre la base de más de 1.100 iniciativas comunitarias, y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) acumula 171 proyectos ejecutados por cerca de 280 mil millones de pesos en cuatro municipios.

El café especial, que en 2018 era el 20% de la producción del Tolima, hoy llega al 35%, y las exportaciones de cafés especiales del departamento crecieron 40% entre 2020 y 2023. Esos números no son producto del Acuerdo. Son el residuo de algo que empezó mucho antes.

Para entender por qué allí, hay que recordar lo que era ese territorio. El Sur del Tolima era, en la lectura del gobierno colombiano y del Departamento de Estado de Estados Unidos, uno de los cuatro corredores estratégicos donde se concentraba el control insurgente del país. El Frente 21 de las FARC manejaba a su antojo los pasos entre el Pacífico, el Cauca y el centro a través del Cañón de Las Hermosas, y la economía ilícita, primero amapola en las laderas altas, luego coca en las bajas, era para miles de familias la opción más rentable.

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Cuando el gobierno colombiano formalizó la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, y cuando la embajada estadounidense aterrizó la Iniciativa de Desarrollo Estratégico de Colombia, conocida como CSDI, el Sur del Tolima fue una de las apuestas centrales. La cooperación no llegó por casualidad. Llegó porque el conflicto y la economía ilícita se habían enraizado allí más profundo que en casi ninguna otra parte del país.

Pero cuando la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) llegó, no encontró un territorio en blanco. Encontró el residuo de varias décadas de intentos: desde el Plan Nacional de Rehabilitación de 1982, el primer modelo institucional para llevar el Estado a zonas afectadas por la violencia, hasta el programa Familias Guardabosques, que desde mediados de los dos mil había sembrado la semilla más concreta: comités veredales que habían aprendido a deliberar, mujeres que habían tomado la palabra en asambleas donde antes solo hablaban hombres, líderes locales que entendían que la salida de la economía ilícita tenía que ser colectiva o no sería ninguna. Esa fue la semilla.

Lo que vino después, comunidades organizándose y asociaciones cafeteras conquistando mercados internacionales, fue cosecha. Cosecha de las comunidades del Sur del Tolima, no de la cooperación; pero cosecha de una semilla que rara vez se sembró en otros territorios.

Sobre esa base, USAID intervino con tres programas sucesivos. El primero, Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal, conocido por su sigla ADAM, llegó para construir asociaciones formales y rutas de comercialización lícitas donde antes solo había mercado para la amapola y la coca. El segundo, Más Inversión para el Desarrollo Sostenible Alternativo, MIDAS, escaló lo que funcionaba: cadenas productivas, asistencia técnica, acceso a crédito formal. El tercero, la Iniciativa de Consolidación y Mejoramiento de Medios de Vida, conocida en la región Central como Colombia Responde, articuló a los productores con compradores internacionales y con la institucionalidad local.

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La evaluación post-implementación de ADAM y MIDAS, encargada por USAID en 2014, documentó a nivel nacional 280 mil familias beneficiadas, 164 mil nuevas hectáreas sembradas y 260 mil nuevos empleos, y dedicó un capítulo, en sus propias palabras, a la cooperación como polinizadora de la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz.

La evaluación de ‘Colombia Responde’ de 2016 fue territorialmente más precisa: al cierre, los cuatro municipios del Sur del Tolima tenían veinte organizaciones cafeteras vinculadas, distribuidas en Ataco con 8, Chaparral con 3, Planadas con 3 y Rioblanco con 6, y nueve de ellas estaban articuladas en una alianza con servicios de catación, perfil sensorial y mercadeo en nichos internacionales. La misma evaluación afirmó sin rodeos que en el Sur del Tolima el café es el motor económico principal en área, empleo y exportaciones.

A esa base organizacional se sumaron condiciones que no se inventan. La cordillera Central regaló a estos municipios alturas óptimas para café arábico, suelos volcánicos, microclimas y una sombra natural que el grano necesita para expresar perfiles de taza que el mercado paga en dólares. Lo que durante décadas había sido una desventaja, el aislamiento de un territorio sin vías, se convirtió en activo: un café cultivado en altura, lavado en finca, secado al sol, trazable hasta la vereda. Y la vereda dejó de ser anónima.

Antes de que el mercado de cafés especiales fuera un lugar común en Colombia, unos pocos caficultores del Sur del Tolima se atrevieron a presentar su café en ferias y concursos internacionales. En 2006, Edith Enciso ganó la Taza de la Excelencia con el café de su finca La Isla, en Gaitania, Planadas. Nueve años después, Astrid Medina, también de Gaitania, ganó la misma competencia con el café de su finca Buenavista. En ese mismo corregimiento, en el área de Marquetalia, terminó en 1964 la Operación Soberanía y empezó la historia de las FARC. Edith no se quedó en el premio: junto a su esposo Wilson Rodríguez, lideró la creación de la Asociación de Café Diferenciado de Gaitania, ACEDGA, y de la Asociación Café del Macizo, que hoy agrupan al 20% de los productores de la región.

En una entrevista que le hizo Jorge Hernández a la señora Edith Enciso, ella lo resumió mejor que nadie: “Aquí nació la guerrilla, pero en medio de todo, nosotros ganamos esa guerra absurda, porque sin alzarnos en armas, sin participar en el conflicto, solo siendo víctimas, hoy producimos café diferenciado de alta calidad y hemos sacado adelante nuestros sueños, nuestras familias y a la región”.

Desde entonces se ha vuelto habitual ver a caficultores del Sur del Tolima entre los ganadores y finalistas de los concursos nacionales de calidad. En 2023, Duberney Cifuentes Fajardo, también de Planadas, marcó el récord histórico de precio del café tolimense al vender uno de sus lotes a 55,50 dólares la libra en la subasta de Colombia Tierra de Diversidad. Esas mujeres y esos hombres fueron precursores. Abrieron la ruta de certificación de calidad por la que hoy se reconoce al café del Sur del Tolima en las ferias del mundo.

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El café especial no transformó al Sur del Tolima solo porque pagara mejor. Lo transformó porque exigió cosas que ninguna otra economía exige. Exigió trazabilidad, y la trazabilidad solo se construye con confianza entre productor, asociación y comprador. Exigió certificaciones, y las certificaciones obligan a documentar prácticas, formalizar relaciones laborales y llevar registros. Exigió consistencia, y la consistencia obliga a renovar plantaciones, invertir en beneficio y asistir a capacitaciones. Cada exigencia del mercado de especialidad fue, sin proponérselo, una pieza de construcción institucional.

Hoy la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas (ASOPEP), mueve más de un millón de kilos de café Fair Trade y orgánico al año y exporta a treinta países. Cafisur, en Chaparral, agrupa a 1.786 asociados y en 2021 recibió 2.600 millones de pesos en prima social Fair Trade. No son cooperativas que alguien decidió fortalecer. Son cooperativas que se fortalecieron porque el mercado al que decidieron apostar se los exigió, y porque la cooperación estaba allí para acompañar la curva de aprendizaje sin reemplazar a nadie.

El cacao siguió un camino paralelo, más lento, pero con la misma lógica. Cerca de 1.000 familias agrupadas en seis asociaciones empezaron en ese mismo período su proceso de modernización y renovación de plantaciones, apostando a clones de alto rendimiento y a calidades finas de aroma. La diversificación importó. Donde solo hay una apuesta productiva, una helada o una caída de precios borra el avance de una década. Donde hay dos, el territorio respira.

Las cifras explican la magnitud. Los cuatro municipios reúnen, según la Federación Nacional de Cafeteros, 20.163 caficultores en 38.861 hectáreas, con producción estimada superior a 527 mil sacos para 2023. Planadas y Ataco están entre los cinco municipios cafeteros más grandes del país por área sembrada. Pero los números son consecuencia, no causa. La causa son las asociaciones de productores, ese nodo que conectó a los técnicos con los campesinos, a los compradores internacionales con las fincas, a la Gobernación y a las alcaldías con las veredas, a la Federación con los pequeños productores que antes no aparecían en sus mapas.

La consolidación se ve sin estadísticas. Hijos de cafeteros que migraron a las grandes ciudades en los años de la guerra están regresando al territorio, atraídos por las oportunidades del café especial. Los cuatro municipios tienen hoy más de cuarenta tiendas especializadas, y un circuito propio de ferias regionales e internacionales que ya ha pasado por Planadas y Rioblanco, y que en agosto llegará a Chaparral.

El contraste es revelador: el Observatorio de Inversión Privada en Zonas PDET, iniciativa del Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) y Jaime Arteaga y Asociados, documentó que el Sur del Tolima fue la única subregión PDET del país donde el capital privado se contrajo entre 2016 y 2019, en plena ola de optimismo posconflicto. La transformación que aquí se cuenta no fue obra del inversionista atraído por el Acuerdo. Fue obra del nodo. La pregunta de por qué los demás PDET no replicaron el modelo se contesta aquí: porque ese nodo, en la mayoría de territorios, no existía y no se construyó. La cooperación llegó tarde, llegó dispersa, llegó con metas de corto plazo y se fue antes de que las organizaciones aprendieran a sostenerse.

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Y queda una variable que ningún modelo de evaluación incluye y que es, sin embargo, la más decisiva: la confianza. La confianza no se construye con presupuesto. Se construye con presencia, con coherencia, con cumplimiento de la palabra empeñada año tras año. La cooperación de USAID no la trajo, la ganó. La Gobernación no la heredó, la cultivó. La Federación de Cafeteros no la decretó, la mereció. Los productores no la recibieron, la dieron.

Esa confianza es el activo que hoy está en juego, porque es el más difícil de reconstruir cuando se pierde.  Y lo que la está erosionando tiene un solo origen: el incumplimiento del Acuerdo. La reescalada de la violencia y la presencia intermitente del gobierno nacional son sus consecuencias visibles.

Mientras se escriben estas líneas, en la cuenca del río Saldaña, en el municipio de Ataco y en su corregimiento de Santiago Pérez, un operativo militar contra la minería ilegal del oro derivó en una asonada que dejó trece soldados heridos y un vehículo de la Policía incinerado. La economía ilícita cambió de cara, pero el patrón es el mismo: donde el Estado no llega o llega tarde, llega otro.

La pregunta que queda abierta, y que la próxima columna intentará responder, es cómo se sostiene esta transformación, ya consolidada y económicamente más pujante que nunca, cuando la cooperación se ha ido, la implementación del Acuerdo de Paz no avanza y el conflicto ha vuelto. Y qué significa para Colombia perder el único laboratorio de paz que realmente funcionó.