La Corte Suprema de Justicia tiene listo el auto en el que compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por aparente violación de topes de financiación durante la campaña de Gustavo Petro presidente en 2022.

La información fue revelada en una investigación de la revista Cambio. El medio de comunicación sostiene que existen las pruebas suficientes para que la Fiscalía le abra un proceso judicial a Jaramillo y Roa e, incluso, los lleve a juicio, por su trabajo como gerentes de las campañas del Pacto Histórico al Senado y de Petro a la Presidencia, respectivamente.

Los posibles hechos de corrupción se remontan a febrero de 2022, cuando el comité directivo de la campaña del Pacto Histórico al Senado autorizó la contratación de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) para transportar a los aspirantes de dicha coalición de izquierda a esa corporación.

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Según Cambio, a esa reunión asistieron Jaramillo, como gerente de campaña; Jaime Dussán, como representante del Polo; Dagoberto Quiroga, de la Colombia Humana; Gabriel Becerra, de la UP, y Ricardo Roa, gerente de la campaña a la consulta interpartidista del precandidato Gustavo Petro.

Luego, Jaramillo y Roa firmaron dos contratos distintos con Hernando Robles Alvira, representante legal de Sadi. El contrato de Jaramillo fue de $1.215 millones, supuestamente para transportar a los candidatos del Pacto Histórico al Senado.

Sin embargo, de acuerdo con las pruebas que reposan en la Corte Suprema, en realidad los desplazamientos habrían sido del entonces candidato Gustavo Petro. Al parecer, Jaramillo y otros directivos del Pacto maquillaron o modificaron los formatos contables para hacer ver que los vuelos de Petro en realidad eran de candidatos al Senado.

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"Los formatos se cambiaron para dejar solo tres vuelos a nombre de esa campaña, y los otros 24 aparecieron reportados, como por arte de magia, al cliente 'Campaña Senado'. Andrea Maya Gutiérrez, coordinadora de los vuelos de Sadi, fue quien hizo la modificación y quien después testificó ante la Corte Suprema que el cambio se hizo por orden de su jefe, Hernando Robles", reza el informe de Cambio.

Si bien en algunos vuelos Petro viajó con los entonces candidatos al Senado, la mayoría habrían sido suyos junto a familiares o personajes como Laura Sarabia y el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

Para eludir la violación de topes de financiación que establece la ley, los directivos del Pacto Histórico habrían dividido los $1.215 millones gastados en vuelos entre los 20 aspirantes al Senado que resultaron elegidos. Lo que les facilitó reportar $60 millones gastados por cada uno.

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La jugadita, presuntamente, les habría permitido a los directivos y aspirantes del Pacto Histórico cobrar un giro por reposición de gastos en campaña que ascendió a $14.415 millones en total. Dinero del Estado que en realidad no les habría correspondido, por ser gastos que destinaron principalmente a la campaña de Petro presidente.

La división de los gastos, el maquillaje y hasta la posible alteración de facturas pretendía disminuir los gastos de los entonces candidatos del Pacto Histórico a la Presidencia, entre los que figuran el hoy presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez.

El tope máximo de gastos que podían hacer como consulta interna ascendía a $14.268.260.246. Pues bien, esa fue la cifra exacta que reportaron los directivos del Pacto Histórico. Sin embargo, la Corte contempla que, a dicha cifra, habría que sumarle los $1.215 millones de los gastos en vuelos, supuestamente para los candidatos al Senado, pero que en realidad fueron para Petro.

Para los vuelos de esa primera fase de la contienda electoral en 2022, Petro reportó gastos por $8.758.260.246. Si a esa cifra le hubieran sumado los $1.215 millones de vuelos con Sadi, habría sido evidente la violación de topes de campaña, por lo que, según Cambio, acudieron al maquillaje y alteración de facturas o formatos.

Como más tarde le admitieron a la Corte los aspirantes electos al Senado del Pacto, usaron sus firmas digitales para hacer reportes de gastos de campaña, como los vuelos que en realidad nunca habrían tomado.

Ahora, los directivos de las campañas, como Jaramillo y Roa, podrían afrontar procesos judiciales por delitos como fraude procesal, falsedad en documento privado y hasta un posible desfalco al CNE.