El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, terminaron con sus sueldos y propiedades embargados debido a los pagos incumplidos a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) por los servicios prestados a la campaña del Pacto Histórico en 2022.

Según informó La Silla Vacía, dos juzgados de Bogotá admitieron demandas civiles en contra de Jaramillo y Roa por deudas que ascienden a más de $2.253 millones, las cuales asumieron en 2022 cuando fueron directivos de la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República y de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Sadi demandó a los entonces directivos y actuales funcionarios del Gobierno nacional por el dinero que le deben a la empresa que les prestó el servicio de transporte aéreo durante febrero y marzo de 2022, previo a las elecciones de Congreso y a la consulta interna del Pacto Histórico que ganó Petro.

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Ese año Jaramillo fue el gerente de campaña del Pacto al Senado y contrató a Sadi para transportar a los candidatos que integraban la lista de la coalición de izquierda. Dicho transporte costó $1.154 millones, según la empresa; sin embargo, nunca fue pagado.

Por tanto, el pasado 8 de mayo un juez de Bogotá decretó el embargo del salario de Jaramillo y, como medida cautelar, también le embargó una propiedad: un apartamento en Bogotá que figura a nombre del ministro y de algunos familiares.

De esta manera, Jaramillo tiene embargado desde hace cuatro meses su sueldo, que asciende a $26.875.924 mensuales.

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Por su parte, a Roa también le embargaron cuatro propiedades que figuran a su nombre:

• Un apartamento que compró en 2016 por $160 millones.
• Un apartamento en Chicó que adquirió con un familiar en 2010 por $270 millones.
• Un lote en un conjunto campestre de Zipaquirá que compró por $700 millones.
• Un apartamento que adquirió en diciembre de 2022 por $1.800 millones.

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El informe de La Silla Vacía se publicó a pocos días de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) radique la ponencia con la que sancionaría a la campaña del presidente Petro por aparente violación de topes. Según la ponencia que trascendió en las últimas horas, en primera vuelta la campaña presidencial de Petro violó topes por $3.709 millones y en segunda por $1.646 millones.

Uno de los argumentos que tuvo en cuenta el CNE fue precisamente la cuestionada contratación de vuelos con Sadi. Al parecer, habría indicios de posible manipulación en el pago de servicios aéreos a la empresa ibaguereña.

La ponencia indica que las modificaciones evidencian “una disminución de las horas de vuelo y eliminación de conceptos inicialmente causados”, lo que obedece a una “posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos”, lo que enreda todavía más al gerente Roa.