El próximo 11 de septiembre la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) votará la ponencia que radicaron el presidente de esa corporación, Álvaro Hernán Prada, y el magistrado ponente Benjamín Ortiz, para intentar sancionar la campaña del presidente Gustavo Petro por aparente violación de topes en el 2022.

El magistrado oriundo de Ibagué, Benjamín Ortiz, quien fue apadrinado por el Partido Liberal para llegar al CNE en el año 2022, será quien exponga la ponencia con la que pretendería sancionar a la campaña del presidente Petro con más de $5.000 millones.

En un extenso documento de 554 páginas, Benjamín Ortiz y Álvaro Prada exponen los argumentos por los que consideran que la campaña de Petro en el 2022, que lideró el hoy gerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habría superado por mucho los topes legales de financiación.

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En su parte resolutiva, la ponencia del magistrado ibaguereño explica que en la primera vuelta la campaña de Petro incurrió en “financiación prohibida” por $2.252.379.384. Asimismo, superó límites o topes de financiación por $2.447.378.352.

Luego, en segunda vuelta, habría permitido la financiación ilegal por $627.600.218, y también habría superado los topes por $596.008.824. Sin embargo, todavía no se conoce si por esas mismas cantidades serían tasadas las multas contra Roa y Lucy Aydee Mogollón, tesorera del Pacto Histórico en el 2022.

De aprobarse en sala plena la ponencia de Ortiz y Prada, los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica también recibirían una multa de $583.785.441 por la vulneración de topes y financiación prohibida en primera vuelta, y otra de la misma cantidad por los mismos motivos en segunda.

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La ponencia a su vez establece que Roa deberá devolver $165.405.960 por el pago efectuado para el evento realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena, donde se celebró la victoria de Petro en segunda vuelta.

¿Quién es Benjamín Ortiz?

Benjamín Ortiz Torres nació en una familia campesina de Ibagué y desde muy joven tuvo que trabajar para sostenerse y estudiar. Fue peón en fincas agrícolas, vendedor puerta a puerta y más tarde celador en Ibagué, empleos que le permitieron abrirse camino para cursar estudios de Derecho.

Su mentor fue Flavio Augusto Rodríguez, exsecretario de Gobierno de Ibagué, quien lo apadrinó en su proceso para convertirse en abogado. Rodríguez fue quien lo acercó al Partido Liberal y lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad La Gran Colombia en Bogotá. A partir de esa época, en la década de los 90, Ortiz comenzó su carrera en el derecho administrativo. Después se hizo especialista en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario.

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Ortiz, de origen tan humilde, ha sido auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, funcionario del Registro Nacional de Abogados, profesional especializado en la Superintendencia de Puertos y Transportes, y luego llegó al CNE, donde escaló peldaño a peldaño hasta convertirse en magistrado en el 2022.

Fue en el año 2023 cuando, por reparto, le correspondió a Ortiz el proceso en contra de la campaña de Petro presidente por aparente violación de topes. El abogado ibaguereño, desde entonces, ha sido blanco de críticas desde algunos sectores por su cercanía con el expresidente César Gaviria, quien ha sido un acérrimo contradictor del presidente Petro.

¿Qué viene ahora?

Algunos expertos sostienen que, desde el pasado mes de junio, prescribió el plazo que tenía el CNE para investigar o sancionar la campaña de Petro en el 2022. Por tanto, la decisión del próximo 11 de septiembre podría ser extemporánea. Algo que deberán tener los magistrados en cuenta al momento de decidir si votan a favor o en contra de la ponencia de Ortiz.