Por: Edgardo Ramírez Polanía 
Doctor en Derecho.

Las leyes nacionales y extranjeras establecen que las playas y el agua de los mares y ríos son de utilidad pública, es decir de todos los ciudadanos, y están reguladas por cada nación, pero la codicia se ha impuesto y permitido la apropiación por parte de los particulares.

Desde la antigüedad ha existido la codicia, como una costumbre malsana y egoísta en adquirir y acaparar bienes públicos de manera irrefrenable e irregular para satisfacer bajas pasiones, que causan serios problemas a la sociedad.

En nuestro país, es común que aparezcan particulares apropiándose de las islas en el mar y de las aguas de los ríos, para su propio beneficio en actividades del turismo y los negocios, con anuencia de los funcionarios de las entidades del Estado.

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En las islas se construyen hoteles y muelles, con o sin autorización de las entidades gubernamentales, sin adecuados sistemas de vertederos de aguas negras que contaminan y atentan contra el medio ambiente que consagra normas precisas para el uso y goce de los bienes de uso público. En los códigos de la mayoría de los países del mundo, se establece que los mares, las playas y los ríos, son de propiedad de la respectiva nación y no de particulares excepto que el Estado respectivo, permita su enajenación, de determinado lugar o extensión, de  terreno de un Estado siempre salvaguardando el medio ambiente y la salud de las personas.

La costumbre no es nueva. En El Espinal la segunda ciudad del departamento del Tolima, funcionan los canales del Distrito de Riego que se construyeron en 1947 a través de la Caja de Crédito Agrario, para fomentar la agricultura de 25.000 hectáreas que entraron en funcionamiento en 1953 y el INCORA,  los administró hasta 1976, pero los entregó al HIMAT, Instituto colombiano de hidrología y la Unidad Nacional de Tierras que formalizó una administración delegada en 1998 por 20 años en el gobierno de Andrés Pastrana, hijo de del Ex Presidente Misael Pastrana, quien se reunió en 1972 con unos hacendados en Chicoral y acordaron acabar con el INCORA, como en efecto ocurrió y son algunas de las razones de la violencia que padecemos por la concentración de la tierra.

Posteriormente sin licitación pública, el Distrito de Riego y sus aguas fueron transferidas a una entidad privada USOCOELLO, mediante resolución No.035 de marzo 4 de 2021 en la presidencia de Iván Duque, y los arroceros cancelaron al gobierno de entonces por los terrenos y las aguas  la suma por $ 10.936.664.520, sin avalúos y pagaderos en un plazo de 10 años, que fue un acto no sólo injusto contra los agricultores no afiliados a esa Asociación de Usuarios de Usocoello, sino arbitrario contra las gentes que quedaron sin agua otras zonas, por un acto de transferencia sin intervención de las comunidades y sin que hubieran intervenido las entidades de control fiscal.

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Nadie protestó porque las gentes humildes que captaban las aguas del río Coello, para su sustento  no tuvieron quien hablara por ellos y la tropelía se cometió y persiste aún, en el gobierno del Presidente Gustavo Petro, que dijo a los cuatro vientos que los ríos eran de las comunidades.  No es posible, que un elemento vital como es el agua, haya sido vendido a unos particulares, a sabiendas que el ser humano u otras comunidades se quedaron sin agua potable para vivir. Esa decisión trágica de la vida hacia la muerte, no puede estar en manos de un gobierno pasajero e irresponsable, que se cree dueño de todo y sus actos tienen la esencia de una libertad desvergonzada, donde la ley, ni los individuos tienen capacidad de impedir esas decisiones arbitrarias para beneficiar a unos pocos en perjuicio de la comunidad.

Los actos humanos tienen un límite legal que la ley determina, mediante normas que se deben cumplir, como evitar que las aguas y los lechos de los ríos sean vendidos a particulares que utilizan arenas sedientas en la construcción y las rocas desnudas para los cimientos de las obras de una sociedad indulgente y agresiva de los derechos humanos. No se puede transigir en la exigencia de la devolución de las aguas a las comunidades y dejarles una parte a los cultivadores, porque primero es la vida en la prelación de las identidades y el orden establecido para la conservación de los seres vivos.

Aceptar que el poder realice actos de hecho contra las democracias y los débiles, es un acto de cobardía que no se puede permitir, porque sería abandonar el carácter y la dignidad, para cederle el paso a la tiranía, contra la cual, lucharon nuestros héroes en la independencia

Defender los derechos colectivos de los ciudadanos en los elementos vitales es una obligación, que el gobierno debe proteger para evitar la violación de los derechos fundamentales y que debemos exigir y hacer cumplir para que exista la convivencia social.